Comisionar el riesgo de una acción o el descrédito de un fracaso parece ser un paradigma de la privatización del espionaje. Pero, para algunos, es un paradigma que se paga a un precio muy alto con los impuestos de contribuyentes que continúan bajo la idea de que la inteligencia del país y su defensa todavía están en manos de funcionarios públicos que pueden ser condecorados con medallas o despedidos por ineptos.

La industria privada de la inteligencia y el espionaje en Estados Unido maneja $50,000 millones anuales. Está controlada por unas 100 empresas de todos los tamaños que tienen bajo su responsabilidad desde la elaboración de los informes más secretos del gobierno, incluyendo el reporte diario de inteligencia que recibe el presidente de Estados Unidos, hasta el manejo del 50 por ciento de la fuerza laboral del Servicio Nacional Clandestino de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), encargado de realizar operaciones encubiertas y captar espías en el exterior.

Por delegación, estas empresas controlan actividades como la recaudación de inteligencia, el interrogatorio de prisioneros enemigos, el patrullaje de embajadas, la logística de vuelos secretos para recoger sospechosos de terrorismo y el manejo exclusivo de programas de computador para manipular y visualizar información secreta. Son incluso contratadas para mejorar los canales de comunicación entre las agencias del gobierno.

Quizás el estudio más completo que se ha hecho recientemente sobre cómo operan estas empresas es el libro Spies for Hire (Espías por contrato), de Tim Shorrock, publicado este año.

El autor señala que el 70 por ciento del presupuesto de inteligencia de Estados Unidos se gasta en contratos privados. Los contratos, agrega Shorrock, no son sometidos a mayor vigilancia por cuanto las corporaciones que los ejecutan han sido eximidas por el gobierno de ofrecer detalles de sus operaciones en los informes de actividades que presentan ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC).

En el 2007, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, afirma Shorrock, se negó a revelar un reporte interno sobre estos contratos por temor a causar daño a los intereses de la seguridad nacional.

Al ingresar al reino privado de Wall Street y someterse a los vaivenes de la oferta y la demanda, la ejecución de los contratos de inteligencia se ve expuesta a otro riesgo aún no evaluado: el de quedar bajo el control de empresas en las que aparecen como accionistas gobiernos extranjeros que podrían beneficiarse con información privilegiada.

Tómese el ejemplo de Booz Allen Hamilton, una de las grandes ligas de la consultoría de inteligencia del gobierno de Estados Unidos.

La empresa completó el jueves pasado la venta de su departamento de contratación con el gobierno a la firma de inversión Carlyle Group por $2,540 millones.

Con esta venta, The Carlyle Group queda al mando de la supersecreta operación que le permite al Pentágono saber, en tiempo real, en qué lugar del mundo tiene estacionado hasta el más pequeño de sus jeeps, sus flotas de aviones o cualquier de sus tropas (Blue Force Tracking System).

Lo que pocos saben es que el gobierno de Abu Dhabi, uno de los emiratos árabes, invirtió $1,350 millones en efectivo en Carlyle a través de la empresa Mubadala Development Fund en septiembre del 2007.

Al mismo tiempo, Carlyle tiene inversiones en otros negocios como barcos cisternas en Turquía (TVK Shipyard), la cadena Dunkin Donuts, bienes raíces en España (firma Alcalá), y hasta la Universidad de Artes y Ciencias de la Comunicación de Chile.