Se trata de la presunta conexión del dinero de la valija con la campaña de reelección de la actual presi- denta de Argentina, Cristina Fernández.

En un principio la fiscalía alegó que el dinero confiscado a Antonini a su llegada al aeropuerto Jorge Newbery de Buenos Aires en la madrugada del 4 de agosto del año pasado era una contribución secreta del gobierno de Venezuela a esa campaña.

"Durán le avisó a Antonini de que los $800,000 eran para la campaña, la campaña de quien resultó ganadora en las elecciones de Argentina: Cristina de Kirchner'', dijo Mulvihill en la audiencia el 12 de diciembre del año pasado.

El fiscal agregó, citando a Durán, que la campaña había recibido más fondos y que los gobiernos de Argentina y Venezuela habían acordado ‘‘mantener en silencio el papel de Venezuela en ese envío de fondos''.

Fernández calificó de ‘‘basura'' la acusación. Luego de una reunión en febrero de la presidenta con el embajador estadounidense, Earl Wayne, los ánimos se calmaron y el fiscal no volvió a referirse al extremo argentino de la operación.

Se aclararon "zonas oscuras por así decirlo, sentimos que las cosas empezaron a reordenarse'', dijo entonces el jefe de gabinete argentino, Alberto Fernández.

Pero en el juicio será difícil esquivar el tema. La pregunta es cómo el fiscal se las puede arreglar para convencer a 12 miembros de un jurado de la gravedad de la operación de encubrimiento del dinero, sin explicarles que se trataba de una contribución clandestina a una campaña presidencial.

Y si el fiscal trata de ser escueto en ese aspecto, no se puede esperar lo mismo del abogado defensor, Shohat, quien no ahorrará esfuerzos para determinar el origen y destino del pago.

También sería muy evidente el contraste entre el énfasis que Mulvihill le dará al gobierno de Venezuela en el envío del dinero y el desdén que podría mostrar por su destino, la campaña de Fernández.

Que el fiscal parece más apasionado en el tema de Venezuela, no hay duda. El jueves, Mulvihill sorprendió a la defensa al revelar el contenido de una moción que había radicado en junio y que se había mantenido en secreto.

La moción le pide permiso a la juez del caso, Joan A. Lenard, para que le permita sacar a relucir en el juicio los antecedentes de Durán y de su socio Carlos Kauffmann, también acusado en la misma causa.

Kauffmann se declaró culpable y podría atestiguar contra Durán.

Según el fiscal ambos empresarios pagaron sobornos millonarios a altos funcionarios a nivel nacional y estatal lo mismo que a militares de la Guardia Nacional a cambio de contratos e intermediaciones financieras.

En algunos casos se encargaban de prestar el servicio a los funcionarios, a cambio de una comisión, de depositar en cuentas bajo su nombre los sobornos que recibían y de crear compañías de fachada.

La juez no se ha pronunciado sobre la petición de Mulvihill, calificada por Shohat como oportunista y citada por él como un ejemplo más de que el gobierno tiene planes de hacer un "juicio show'' contra Chávez.

Las revelaciones en el juicio de Durán "acentuarán en la opinión pública venezolana la percepción de que la corrupción es un problema más grave de lo que parece'', explicó a El Nuevo Herald Oscar Schemel, presidente de la firma encuestadora Hinterlaces, que dirigió un estudio sobre la imagen del gobierno el pasado julio.