Schemel dijo que el impacto del juicio en el electorado "va a depender de cómo los medios y la oposición que son críticos a Chávez presenten esta información al público''.

Detalló que una medición realizada dos meses atrás en el área metropolitana de Caracas, registró que un 62 por ciento de los consultados ‘‘piensa que la corrupción se ha agudizado y que este gobierno está plagado de corrupción''. Sin embargo, contrastó, el 45 por ciento de los venezolanos no responsabiliza personalmente de esta situación a Chávez.

En una conversación aportada recientemente por el gobierno, se reveló que el gobierno de Venezuela ofre- cía $2 millones por el silencio de Antonini.

Ademas de Durán, la acusación del 12 de diciembre del año pasado, señaló como responsables de la confabulación para encubrir el dinero confiscado a Antonini a:

* Kauffmann, su socio durante los últimos diez años en negocios de petroquímica, construcción, aviación y finanzas.

* Moisés Maionica, un abogado venezolano que actuó como intermediario entre el gobierno de Venezuela y el grupo de empresarios.

* Rodolfo Wanseele, un empleado uruguayo de una firma de envíos de paquetes de Miami.

* Antonio José Cánchica Gómez, un oficial venezolano que se encuentra prófugo.

Kauffmann, Maionica y Wanseele se declararon culpables.

Las partes no han dado a conocer la lista de testigos, pero a juzgar por algunos documentos radicados en la corte, la fiscalía podría utilizar los testimonios de Kuaffmann, Maionica y Wanseele, del propio Antonini y de por lo menos dos agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) que participaron en la operación.

Quizás el mayor volumen de evidencias del gobierno lo constituye una gran cantidad de grabaciones de voz y de video tomadas por el FBI con el consentimiento de Antonini, quien cooperó con las autoridades en operaciones encubiertas en restaurantes y cafeterías del sur de la Florida.

Mulvihill ha aportado como pruebas fotografías de Daniel y Diego Uzcátegui, padre e hijo. Daniel es un alto ejecutivo de la petrolera oficial de Venezuela, PDVSA. Su hijo iba a bordo del avión en el que aterrizó Antonini en Argentina en agosto. También hay fotos de Victoria Bereziuk, secretaria de Claudio Uberti director del Organo de Control de las Concesiones Viales (OCCOVI) de Argentina, otra pasajera del avión; Wilfredo Avila, funcionario de la división de protocolo de PDVSA; Maryori Gutiérrez, no identificada; y Tarek Al Aissami, viceministro de Seguridad Ciudadana de Venezuela.

Shohat sólo ha anunciado públicamente como testigo a una ex funcionaria venezolana que hará declaraciones sobre la práctica generalizada en su país de expedir credenciales de organismos del gobierno y los estamentos militares a ciudadanos prominentes.

Esto por cuanto las autoridades federales hallaron un carné de identidad de la Armada de Venezuela a Durán, al momento de su arresto en la Florida en diciembre del año pasado.

La defensa también está procurando que se acepten como pruebas conversaciones grabadas por Durán con personas que hasta ahora no han sido identificadas.

El juicio a Durán es también una historia de traiciones.

Los principales testigos en su contra eran amigos suyos. Kauffmann compartía con él la afición por los automóviles de lujo, fiestas familiares y las aventuras de negocios.

Durán, de 40 años, soltero, es un técnico superior de mecánica criado en una familia de clase media de Caracas y que escaló económicamente, según sus amigos, por un talento natural para los negocios.

Una de sus primeros incursiones fue la representación en Venezuela a finales de la década de 1980 de Armor Holding, una de las más grandes compañías fabricantes de equipos para seguridad del mundo. Manejó una importadora de licores, fue fundador de una empresa constructora y más tarde urbanizador en la Florida.

Pero quizás el gran salto en los negocios lo dio al vincularse como socio de Venoco y Perfoalca, empresas ligadas a la industria petrolera de Venezuela.

Venoco es una de las empresas privadas de petroquímica más grande de ese país. El mayor cliente de la firma es Estados Unidos, según lo consignó su abogado en una moción del caso.

Dados sus contactos y compromisos de negocios en Estados Unidos, Durán compró una casa en Key Biscayne donde se reunía con su vecino, "El Gordo'' Antonini y Kauffmann, hoy convertidos en sus acusadores tras llegar a un acuerddo con la fiscalía.

Esos acuerdos, según la defensa, salvarían al primero de ser extraditado a Argentina donde afronta cargos de lavado de dinero y contrabando, y al segundo de ser encausado en Estados Unidos por un fraude migratorio.

El redactor de El Nuevo Herald, Casto Ocando, coescribió esta información.