El 29 de enero de 1959, un mes después que Castro tomó el poder, los archivos dicen que Ponce de León era teniente de las fuerzas revolucionarias y estaba "destacado en la Estación de Policía Turística de La Habana como segundo al mando''.

Ponce de León dice que nunca fue agente oficial y que después de la revolución era intérprete en la estación de policía.

Agrega que se quedó en Cuba porque decidió casarse y que se mudó en 1994 para unirse a su familia en Miami.

Aunque entró a Estados Unidos en calidad de ciudadano estadounidense naturalizado, hay expertos que cuestionan cómo lo hizo sin que lo interrogaran sobre algo tan sonado como un secuestro aéreo, aunque haya sido hace varias décadas.

"Para eso existen las alertas en la frontera'', dice Bruno, el ex fiscal federal. ‘‘De haber ocurrido eso hoy, de ningún modo habría podido entrar''.

La fiscalía federal revisó el caso en Miami a principios de 1959 pero decidió no encausar "al menos por el momento'', porque según la documentación Ponce de León y los demás no estaban en Estados Unidos.

Ricardo Bascuas, profesor de Derecho de la Universidad de Miami y ex abogado de oficio que revisó los documentos del gobierno a petición de The Miami Herald, dice que se podía encausar a los sospechosos sin que estuvieran en el país.

"Se pudo haber considerado toda clase de delitos, como asesinato, agresión física e incluso transporte de armas'', dice.

Bruno dice que una razón para abandonar un encausamiento es falta de pruebas, pero como había declaraciones juradas y evidencia en el caso, se pudo haber creado un jurado de investigación.

"Yo lo habría hecho'', dice Atlee Wampler III, fiscal federal de Miami a principios de los años 80. "Cuando alguien secuestra un avión se deben tomar medidas. Es algo peligroso''.

James Guilmartin, fiscal federal de Miami durante la investigación, murió en 1984.

Pero Bruno se pregunta si alguna influencia ajena al sistema de justicia tuvo algo que ver en el caso. Cuba estaba en un estado de turbulencia en ese momento.

Aunque Estados Unidos tenía relaciones diplomáticas con el incipiente gobierno de Castro, "uno se pregunta si el caso fue una papa caliente política'', dice Bruno.

Muchos altos funcionarios del Departamento de Estado trataban de mantener relaciones con el nuevo gobierno.

La única persona que promovía el encausamiento, Earl Smith, el embajador de Estados Unidos en Cuba y firme enemigo de Castro, renunció el 20 de enero de 1959. Los documentos muestran que un mes después la investigación se suspendió.

"Hay que pensar en esa época: fue inmediatamente después del triunfo de la revolución'', dice Bruno.

Expertos jurídicos dicen que llevar el caso a los tribunales ahora podría plantear retos.

"El gobierno sabía donde estaba él'', dice Richard Strafer, abogado criminalista de Miami. "El problema es que un acusado puede argumentar que hubo una demora en el debido proceso''.

González, quien dice que todavía está afectada por la experiencia, dice que a Ponce de León había que encausarlo entonces, y ahora. "Tiene que pagar'', dice.

"Les destruyeron la vida a mucha gente. Vivimos en Estados Unidos. Si hubiera sido un accidente, eso es otra cosa, pero fue un secuestro aéreo en el que murieron niños pequeños''.

Martínez dice que nunca lo contactó ningún fiscal federal. "En todo ese tiempo nadie se me acercó'', dice.

Y añade que cree que Ponce de León, con sus dolencias y achaques "está pagando el precio ahora. Está viejo, gordo y enfermo. Ese es su castigo''.