Hasta el día antes de ser supuestamente dados de baja en cruentos combates, los jóvenes se preparaban para trabajar o estaban en sus pueblos, bailando o jugando billar.

En uno de los casos denunciados, un campesino víctima de la ejecución fue reconocido por un tío suyo, perteneciente al ejército, en el momento en que otros militares de su batallón lo enterraban como combatiente anónimo de las FARC en un cementerio cercano al municipio Puente de Oro, en el departamento del Meta.

EL ORIGEN DEL DINERO

Colombia es el país que recibe más fondos de Estados Unidos en el hemisferio occidental, y aunque no existen evidencias de que las recompensas pagadas a civiles o militares por falsos positivos provengan de fondos del gobierno estadounidense, algunas de las unidades presuntamente involucradas en los asesinatos han recibido dinero y entrenamiento de Washington, según un informe del 2007 de Amnistía Internacional y la organización Fellowship on Reconciliation, con sede en Nyack, New York.

De hecho, en una de las disposiciones de la Directiva ministerial permanente #29 se estipula que los fondos para pagar las recompensas saldrán en parte de la ayuda internacional y serán manejados por las unidades de inteligencia.

El contralor general de Colombia, Julio César Turbay Quintero, explicó a El Nuevo Herald que en una auditoría que su oficina realizó este año a los batallones señalados de la ejecución de falsos positivos, no se encontraron pruebas de pagos con fondos extranjeros, aunque advirtió que el acceso que sus investigadores tienen a los gastos reservados del Ministerio de Defensa es muy limitado.

"Es difícil establecer [el origen del dinero] porque tenemos limitaciones para ir a la fuente; solamente estamos autorizados por la ley a revisar los documentos suministrados por las fuerzas militares'', dijo Turbay.

MEDIDAS Y RECOMPENSAS

Frente a la crisis de los falsos positivos, el Gobierno del presidente Alvaro Uribe ha tomado algunas medidas que, no obstante, han sido criticadas por tardías y por no tener consecuencias legales.

En noviembre del año pasado, el comandante del ejército, general Mario Montoya, y 17 altos oficiales, renunciaron en medio de los primeros indicios del escándalo que había sido sistemáticamente negado por el Gobierno.

Sólo algunos de los oficiales han sido investigados judicialmente. Otros han sido ‘‘recompensados'', como lo denunció en marzo pasado el senador demócrata por Vermont, Patrick Leahy.

"El general Montoya renunció bajo presión debido al escándalo de los falsos positivos y fue castigado, como siempre ocurre en Colombia, nombrándosele embajador'', afirmó Leahy, quien sigue de cerca la situación del país sudamericano.

Actual embajador en República Dominicana, Montoya es señalado por activistas de derechos humanos como el promotor de una política de "conteo de cadáveres'' que generalizó en las Fuerzas Armadas la necesidad de mostrar resultados basándose excesivamente en las estadísticas de bajas del enemigo.

Montoya ha preferido no referirse al tema con los medios de comunicación y no está disponible para comentarios. El Gobierno ha admitido que existieron los falsos positivos pero que algunos abogados y organizaciones han exagerado el número de casos.

En enero de este año, el entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, aseguró que el gobierno está dispuesto a luchar contra los falsos positivos hasta el final.