"Aquí hay una decisión clara y contundente del Presidente y de los altos mandos para erradicar de raíz el tema de los llamados falsos positivos'', dijo.

Uribe ha defendido el plan de recompensas. En noviembre pasado, durante un consejo comunitario en el departamento de Antioquia, relató que sus colaboradores lo llamaron preocupados por la discusión que había surgido en torno al plan de las recompensas y los falsos positivos.

"Les dije: ‘Vean, ¿cómo vamos a poner ahora en duda algo bien útil, que ha sido la política de recompensas?' '', comentó Uribe. "Ayer pude explicar: la política de recompensas no es para la Fuerza Pública [. . .] se paga recompensa a los civiles que con su información le permitan a la Fuerza Pública tener eficacia en las acciones contra los criminales''.

En mayo pasado Uribe pidió claridad en las estadísticas.

"El Gobierno tiene que ser tan firme para evitar, sancionar y buscar la sanción de los falsos positivos, como para denunciar las falsas denuncias que tanto daño le hacen a esta Política de Seguridad Democrática'', afirmó Uribe durante la sexta rendición de cuentas sobre derechos humanos, una periódica reunión gubernamental.

Firmada por el entonces ministro de Defensa, Camilo Ospina Bernal, la directiva ha sido citada por críticos y activistas de derechos humanos como un posible detonador de los falsos positivos.

Desde soldados que reconocen que recibieron vacaciones como premio a sus acciones, hasta el actual fiscal general de la Nación, Mario Iguarán, han planteado serios interrogantes.

"¿No será que el afán por el positivo y las ansias por las recompensas que permitían acciones en contra están generando estos graves y oscuros procesos?", se preguntó Iguarán el pasado noviembre cuando estalló el primer escándalo de los falsos positivos. A partir de la lectura de la directiva, agregó, "puede hacerse una interpretación que lleva a la delincuencia''.

El congresista opositor Gustavo Petro no descarta que la directiva "pudo haber determinado en buena parte que centenares de jóvenes fueran asesinados como inocentes a través de desapariciones forzadas''.

ESTAD>STICAS SUSPICACES Quizás el pasaje más palpable de los estragos de la política de recompensas dentro del ejército quedó plasmado en una declaración del sargento Alexander Rodríguez ante la Procuraduría General de la Nación en enero del 2008.

El sargento declaró que siendo miembro de la 15ta. Brigada Móvil, acantonada en la ciudad de Ocaña, departamento del Norte de Santander, limítrofe con Venezuela, fue testigo de homicidios de inocentes cometidos por militares para hacerlos pasar como bajas en combate.

Entre sus declaraciones denunció que, en noviembre del 2007, un "sargento Ordóñez'' ordenó que cada soldado bajo su mando aportara $10 para contribuir a comprar una pistola de reglamento que habían utilizado para colocársela a un hombre al que habían matado, para hacerlo pasar por guerrillero.

Todos pagaron para "legalizar'' el muerto como "baja en combate'' porque sabían que ‘‘nos daban cinco días de descanso por cada muerto'', declaró Ordóñez.

Un análisis de las estadísticas también despierta suspicacias.

En una carta que el Procurador General de la Nación envió en noviembre del 2007 a Santos, entonces ministro de Defensa, el funcionario afirmó que los fusilamientos atribuidos a las fuerzas del orden habían aumentado a partir del 2005, fecha en que fue aprobada la directiva secreta.