Algunas de las víctimas fueron vestidas con uniformes militares de la guerrilla o se les plantaron armas, municiones y granadas.

Estas ejecuciones fomentaron la percepción de que se trataba de un fenómeno que se limitaba a a Soacha, explicó Alston.

"Aunque las matanzas de Soacha fueron flagrantes y obscenas, mis investigaciones demuestran que son simplemente la punta del iceberg'', advirtió.

Alston reconoció que el gobierno ha tomado "medidas importantes'' para detener los asesinatos, entre ellas sanciones disciplinarias, una mayor cooperación con Naciones Unidas, una mayor supervisión de los pagos efectuados a informantes, la exigencia de que las bajas en combate sean investigadas primero por la policía judicial que se modifiquen los criterios para premios.

Aun así, agregó el relator "la cantidad de enjuiciamientos exitosos sigue siendo muy baja'' y continúa existiendo "una brecha muy preocupante'' entre "la práctica y las políticas'' oficiales que condenan esta clase de crímenes.

Adicionalmente, "los jueces militares hacen caso omiso'' de órdenes de la Corte Constitucional que los obliga a entregar los casos de falsos positivos a la Fiscalía General "y hacen todo lo que está en su poder para impedir la transferencias de casos claros de [violaciones de] derechos humanos al sistema de justicia ordinaria''.

En la justicia militar "las tácticas de dilación son de uso común'' y las demoras de ‘‘meses o años'' terminan por poner "en peligro el valor de los testimonios y de las pruebas''.

También denunció que los defensores de derechos humanos en Colombia "suelen ser intimidados y amenazados, y a veces asesinados''.

Fue informado, agregó, sobre "funcionarios de alto nivel que los acusan de ser guerrilleros o terroristas, o de estar cercanos a ellos. Estas declaraciones también se han hecho contra fiscales y jueces''.

La serie de El Nuevo Herald reveló indicios de que algunos de los militares involucrados en los falsos positivos recibieron recompensas en dinero, vacaciones o ascensos. Uno de los artículos dio a conocer por primera vez el contenido de una directiva secreta del Ministerio de Defensa en la que se fijan pagos de recompensa por información que conduzca al arresto o muerte de miembros de grupos armados irregulares.

Algunos activistas de derechos humanos señalaron que esta directiva podría haberse convertido en un siniestro aliciente para casos de falsos positivos.

Alston, quien se reunió con el presidente Uribe y el vicepresidente Francisco Santos, reconoció que la directiva es una política de Estado.

El relator consideró que el término falsos positivo, "brinda una suerte de aura técnica para describir una práctica que se caracteriza mejor como el asesinato a sangre fría y premeditado de civiles inocentes con fines de beneficio''.

Alston anunció que los resultados finales de su investigación se publicarán dentro de cuatro a cinco meses.