El programa pudiera ayudar a responder, por primera vez, una interrogante presente en los debates sobre política de inmigración: ¿qué parte de la población de inmigrantes ilegales ha cometido delitos no migratorios?

Pero incluso algunos partidarios del programa se muestran escépticos de si podrá implementarse sin dificultades y si habrá suficientes fondos. Un aumento de deportaciones, observó Stewart Baker, ex funcionario del DHS, exigiría más fiscales y jueces de inmigración, espacio para detenidos y otros recursos.

Venturella también reconoció que integrar las bases de datos federales, estatales y locales es complejo y que la jurisdicción local es diferente en todo el país. Algunos condados demorarán años en conectarse.

La funcionaria afirmó que la ICE dará prioridad a la deportación de los delincuentes más peligrosos, los que pongan en peligro la seguridad nacional o los condenados por delitos violentos. Sobre la base de los pronósticos iniciales, la entidad calcula que hay unos 100,000 ‘‘delincuentes de Nivel 1'' y que deportarlos costará $1,100 millones en cuatro años. Expulsar a todos los inmigrantes ilegales que cometan delitos costaría $3,000 millones, informó la ICE el año pasado.

Los críticos opinan que deportar a los peores delincuentes indocumentados no tiene el suficiente alcance porque no toma en cuenta los aproximadamente 11 millones de indocumentados que ya viven en el país ni evita la entrada de otros.

"Si el gobierno limita el cumplimiento de las leyes de inmigración sólo a los delincuentes más peligrosos, creará de hecho una amnistía para millones de indocumentados y estimulará la entrada de otros'', dijo el representante Lamar Smith, republicano por texas y principal miembro de su partido de la Comisión Judicial de la Cámara.

Smith dijo que el gobierno debe completar la construcción del muro fronterizo con México, hacer cumplir las leyes contra la contratación de indocumentados y deportar a los ilegales antes que cometan delitos.

Amnistía Internacional y grupos defensores de los inmigrantes advierten que el cambio podría conducir a un uso más generalizado de controles migratorios, así como la "criminalización'' de la inmigración ilegal.

Tom Barry, analista del Centro de Política Internacional, entidad sin fines de lucro con sede en Washington, dijo que la iniciativa podría ampliarse a los residentes legales nacidos en el extranjero que han cumplido condenas en el pasado pero que no fueron deportados en ese momento.

"Muchos inmigrantes legales van a caer en esta red, incluso por causa de infracciones menores como manejar en estado de embriaguez, lo que sea, y después de vivir aquí 10 o 20 años los van a deportar'', dijo Barry.