Cuando las autoridades normativas estatales se presentaron en la empresa hipotecaria de Samantha Johnson, ya había robado su primera casa.

Falsificó documentos para estafar a clientes. Estafó dinero del préstamo de un cliente y mintió para ocultar 19 hipotecas cuestionables.

Las autoridades de la Florida lo detectaron todo, pero no le revocaron la licencia ni pidieron una investigación criminal.

En su lugar, la multaron con $4,300, menos de lo que ganaba de comisión en una sola hipoteca, y la hicieron prometer que no volvería a infringir la ley.

Caso cerrado.

De vuelta a las andanzas, Johnson robó un total de $2.5 millones en préstamos y nueve viviendas más, entre ellas la de un combatiente de Vietnam que había enviudado recientemente y otra a una mujer de 79 años con el mal de Alzheimer. "Fue devastador'', dijo Janice Scott-Kittles, la hija de la mujer. "No podía creer que alguien hiciera algo así''.

Aunque los agentes de la Oficina de Normación Financiera (OFR) de la Florida tenían la autoridad para poner freno a Johnson en cualquier momento, le revocaron la licencia sólo después que un juez la envió a prisión.

Una y otra vez, las autoridades normativas sorprendieron a profesionales del sector hipotecario infringiendo la ley --fraude, falsificación y robo a clientes-- pero les permitieron seguir haciendo de las suyas con pocas consecuencias durante el mayor auge inmobiliario en la historia de la Florida, concluyó una investigación de The Miami Herald.

De hecho, mientras el índice de fraude hipotecario en la Florida se elevó al primer lugar del país durante los últimos ocho años, la cantidad de licencias revocadas por el estado declinó de manera uniforme, una medida del grado de vigilancia de la entidad normativa.

Y mientras los reguladores no lograban impedir que delincuentes se incorporaran al sector, la investigación de The Miami Herald halló que el sistema estatal de monitoreo de operaciones fraudulentas y disciplinar a los infractores también falló.

Las quejas a la OFR, la entidad estatal creada para supervisar el sector hipotecario, se pasaron por alto, dejando los consumidores en el vacío, según entrevistas y documentos públicos.

Entre las quejas que se pasaron por alto: 10 denuncias contra una firma de Broward cuyo presidente acabó declarándose culpable de fraude hipotecario por valor de $21 millones.

Durante una investigación de ocho meses, The Miami Herald analizó más de 1,400 órdenes finales emitidas por la entidad entre el 2000 y el 2007 e incluidas en la página de internet de la OFR, revisó declaraciones trimestrales que la entidad presentó al gabinete estatal y estudió los boletines anuales del sector, además de quejas de consumidores, documentos judiciales e informes de la policía.

El diario descubrió que:

* Se permitió que uno de cada tres corredores que la OFR sorprendió cometiendo fraude --el delito más serio según las leyes estatales-- que siguieran trabajando sin vigilancia alguna.

* Ochenta y un corredores fueron sorprendidos desviando fondos de las cuentas fiduciarias de los clientes y abrumándolos con pagos excesivos, pero se les permitió seguir gestionando préstamos.

* Aunque el número de casos de fraude aumento durante la década, las autoridades normativas realizaron menos inspecciones en los libros de los corredores, lo que redujo sustancialmente la amenaza de sanciones estatales a verdaderas fábricas de fraudes.