"Un requisito que quedó muy claro era que no se iba a hacer ni un solo disparo porque la zona a la que llegarían los helicópteros iba a estar llena de guerrilleros y en caso de comenzar un tiroteo los dos jefes de las FARC se pondrían con sus fusiles del lado de su gente'', agregó el abogado no identificado.

Cuando el plan de entrega planteado por las FARC estaba claro, los abogados hablaron con un funcionario del FBI, con otro de la Agencia de Lucha contra las Drogas (DEA), y otras agencias.

"Los gringos [de las agencias de inteligencia] mostraron total interés'', contó el abogado no identificado.

‘‘Nos dijeron que apenas hubiera algo concreto ellos entrarían a aportar todo el asesoramiento, el apoyo y todo lo que fuera necesario'', pero "ellos decían que para dar el primer paso se necesitaban indefectiblemente pruebas de supervivencia, pero nunca las hubo''.

Simultáneamente, antes de llegar a la liberación física de los rehenes, los abogados colombianos le dieron al contacto principal copias de un poder de representación judicial que debía llevarles hasta la clandestinidad a Antonio Aguilar, alias César, y Alexander Farfán, alias Enrique Gafas, para que los firmaran autorizando las gestiones y el mandato que iban a llevar a cabo.

El Nuevo Herald obtuvo copia del poder en que los dos abogados colombianos previeron la mayor cantidad posible de circunstancias para actuar que incluía "aproximaciones, contactos, consultas...", con autoridades con el objeto de acordar "todo lo atinente al suministro por mi parte, de información sobre temas específicos de interés para la seguridad nacional y la paz del país, en especial, dentro del marco de la política de seguridad democrática del actual gobierno de Colombia, que pudieran conducir al descubrimiento y la incautación de bienes en general, armas, material de intendencia, instalaciones estratégicas y valores de procedencia ilícita, y/o a la localización y captura de personas miembros de grupos armados al margen de la ley''.

Copias del poder les fueron entregadas a oficiales de las agencias de inteligencia estadounidenses, a la fiscalía colombiana y al agente especial del CTI que asistió a todo el proceso. Por los días en que los abogados se cruzaban correos electrónicos y mantenían al tanto del asunto a agentes legales y policiales de los dos países, el presidente de Francia, Nicolás Sarcozy, estaba empeñado personalmente en una campaña por la liberación de Ingrid Berancourt, quien tiene nacionalidad francesa. Sarkozy había ofrecido dar asilo a los guerrilleros que liberaran a rehenes de manera unilateral.

Mientras las copias del poder viajaban hacia el sur de Colombia en manos del intermediario para que las firmaran los dos carceleros en sus guaridas amazónicas, el 13 de junio del 2008 el presidente de Colombia, Alvaro Uribe, reveló que Ingrid Betancourt aparentemente formaría parte de un grupo de secuestrados que iban a ser liberados por guerrilleros que esperaban beneficios a cambio, entre ellos el de no ser extraditados a Estados Unidos.

"A un guerrillero que está ofreciendo que va a entregar a Ingrid Betancourt y a otros secuestrados, se le mandó una carta que él pidió. La mandó la directora del DAS [policía secreta] con mi autorización, de que si cumple con eso no se le extradita. Ojalá esto sea verdad'', dijo Uribe aquel 13 de junio durante un discurso en Bogotá pronunciado en un foro llamado Inseguridad, dolor evitable, al que asistieron varios ex presidentes de América Latina.