Un equipo de vecinos en las inmediaciones del Orange Bowl, en La Pequeña Habana, se ha planteado ganar un arduo partido para anotarse unos puntos en el campeonato de los millones invertidos en el desarrollo urbanístico de Miami.

Si triunfan, marcará el comienzo de una temporada en que los más pobres también serán premiados por la bonanza que ha generado el reciente boom inmobiliario. No obstante los resultados, este esfuerzo marca un hito en la deficiente planificación económica del crecimiento urbano de Miami-Dade, que ha dejado en el olvido a la mayoría de sus habitantes.

Algunos ciudadanos se han unido al ver que sus vecinos se marchan. El alza estratosférica en los precios de los alquileres, combinada con la escasez de fuentes de empleo en la zona, han forzado a numerosas familias hispanas a mudarse al centro de la Florida, Georgia y Virginia. Tan es así, que cuando no hay juego de football el barrio parece fantasma, no sólo de noche sino también de día, porque los que sí trabajan - comúnmente como empleadas de mantenimiento y obreros de construcción - encaran traslados caóticos de varias horas en el sistema de transporte público.

Una de estas personas es Tomasa Hernández, quien esta semana solicitó a la FPL que le prorrogara la fecha de pago de su factura eléctrica de $67. Los fines de semana, los únicos días que tiene trabajo, la nicaragüense de 55 años viaja hasta Hollywood, donde cuida a un anciano. Su esposo, José Humberto Urbina, está desempleado desde que hace unos meses se quebró una mano en la compañía donde era un operario. Como no le ofrecían seguro de compensación laboral, cuando fue a reclamar, lo despidieron.

Algunas consecuencias inmediatas: aprietos para pagar el alquiler de $600 mensuales y cero en remesas para sus hijos, quienes dependen de ellos para cursar los estudios en su país natal.

"Aquí la gente se va por tres o seis días a trabajar y luego regresan, porque antes se paraban en las esquinas y los contrataban, pero ahora con eso de los indocumentados, tienen miedo de que la inmigración los arreste", expresó Hernández. "Nuestros apartamentos están en terribles condiciones, pero cuando nos aumentan la renta, hay que pagar".

Bajo la égida de Vecinos Unidos, este matrimonio y unas 300 familias de escasos recursos en La Pequeña Habana y Allapattah se apresuran a terminar un borrador de un contrato que aspira a conseguir un pellizco de los más de $150 millones de fondos públicos aprobados para limpiar la imagen futbolística de Miami.

Más allá de compartir el fervor de un touchdown, los residentes de la zona quieren que la Ciudad de Miami les garantice trabajos bien remunerados y oportunidades de entrenamiento laboral durante las obras de remodelación del estadio. Con ese norte, se proponen sellar un Acuerdo de Beneficios Comunitarios (CBA, por sus siglas en inglés), el primero de este tipo en el sur de la Florida.

Decenas de proyectos públicos o privados de revitalización de barrios deprimidos en Miami han hecho rimbombantes promesas de incluir a los residentes y contratistas minoritarios en sus operaciones de construcción y complejos de viviendas. No sólo han sido demagógicos, sino que también han cobrado una factura social que apunta a un inevitable apartheid.

"Queremos sentar un precedente'', afirmó Serena Pérez, organizadora de Trabajos con Justicia, una coalición de grupos de derechos civiles, sindicatos y organizaciones comunitarias que está a cargo de las negociaciones del CBA, cuya violación implicaría consecuencias judiciales. "En La Pequeña Habana ha habido problemas sociales enormes como los desplazamientos, y nadie asume responsabilidad''.