El abogado de dos empresarios petroleros venezolanos acusados de actuar como agentes no registrados del gobierno de Venezuela, sospecha que unos $7 millones que sus clientes reclaman por malversación a American Express Bank, hayan sido retenidos por el gobierno federal.

"Es altamente inusual que nosotros presentemos una demanda por fraude y días después se presenta la causa criminal'', dijo Michael S. Hacker al referise a la acusación presentada contra Carlos Kauffmann y Franklin Durán.

Kauffmann y Durán están entre los cinco acusados el miércoles en una corte federal de Miami de actuar como agentes no registrados del gobierno de Venezuela para presionar a Guido Alejandro Antonini Wilson, para que guardara silencio sobre el destino de $800,000 que las autoridades argentinas encontraron en su equipaje al llegar a Buenos Aires a principios de agosto.

Hacker presentó una demanda el pasado 7 de diciembre en nombre de sus clientes y de Klim Fund alegando que American Express Bank International ‘‘malversó'' unos $25 millones.

De ese dinero, sus clientes lograron recuperar $18 millones, pero la suma restante no ha sido entregada.

Ese dinero "está ‘desaparecido en acción', no nos han dicho dónde está'', explicó Hacker en declaraciones a El Nuevo Herald. El abogado aseguró también que la cuenta "no ha sido congelada'', corrigiendo una versión inicial de este diario que informaba de un posible congelamiento.

La demanda civil ofrece una rara oportunidad para conocer la fortuna que ambos empresarios manejan.

Según el documento, entre junio de 2004 y octubre de 2005, Kauffman, Durán y Klim Fund, depositaron en el banco demandado más de $41 millones.

El banco acordó con los empresarios invertir $25 millones en un certificado de depósito intransferibe a siete años, lo cual se hizo en el American Express Bank en Singapur.

El 21 de septiembre de este año, agrega la demanda, el banco notificó a los tres clientes que que "cerraba unilateralmente'' todas sus cuentas.

El banco, en forma "arbitraria y caprichosamente transfirió el dinero a otra parte'', afirma la demanda.

"Asombrados y perplejos'', los clientes se enteraron de la malversación entre el 21 y el 22 de octubre sin que el banco les notificara la operación y cómo se transfirió el dinero sin contar con su autorización.

Hacker está demandando al banco por incumplimiento de contrato, conversión no autorizada, enriquecimiento ilícito, hurto civil, conspiración, fraude y negligencia, entre otros.

El banco no ha respondido a la demanda.

Cuando El Nuevo Herald conoció el contenido de la demanda, las oficinas del banco habían terminado su jornada laboral.

Hacker comentó que en el proceso de reclamo, funcionarios del banco le dijeron a sus clientes que ellos formaban parte de una "lista de personas políticamente expuestas'', PEP, por sus siglas en inglés.

"Que mis clientes sean PEPs no le da derecho al banco para quedarse con $7 millones'', agregó el abogado.