La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, afirmó ayer que las denuncias de que los $800,000 confiscados al empresario venezolanoamericano Alejandro Antonini estaban destinados a su campaña electoral son producto de una "operación basura'' de parte del gobierno de Estados Unidos, pero líderes de la oposición pidieron investigar la posible intervención de Venezuela en los asuntos internos del país.

"Hay también algunos otros basurales, pero de la política internacional, con personajes que parecen salidos de películas o de series americanas, donde nunca se sabe cuánto es verdad y cuánto es mentira. Pero permite darnos cuenta de cómo algunos conciben a la política internacional y qué tipo de relacionamiento quieren. Más que países amigos, quieren países empleados'', declaró la mandataria durante la presentación de un plan para la erradicación, limpieza y cierre de tiraderos de basura.

"En esta forma de operar en la política regional, les quiero decir que no van a tener resultados. Esta presidenta es mujer, pero no se va a dejar presionar'', agregó Fernández, quien asumió el cargo apenas el lunes pasado.

Dos ministros de su gabinete habían atribuido antes a una "operación de inteligencia estadounidense'', la denuncia del fiscal federal de Miami, Thomas Mulvihill, de que el dinero confiscado el 4 de agosto a Antonini en un aeropuerto de Buenos Aires estaba destinado a su campaña electoral.

De acuerdo con una denuncia criminal presentada ante una corte de Miami, el gobierno de Venezuela, a través de cinco individuos acusados por espionaje, trató de presionar a Antonini para que no revelara que el dinero salió de las arcas de ese gobierno y que la beneficiada sería la campaña presidencial de Fernández.

Alberto Fernández, jefe del gabinete, denunció el hecho de que "Antonini pasó de ser el principal acusado, a ser la víctima del gobierno venezolano''.

"Sentimos asombro por la actitud. Si Estados Unidos quiere saber la verdad, que envíe a Antonini. Lo que me temo es que lo están protegiendo'', señaló el funcionario en declaraciones al canal 13 de la televisión local.

Pero la oposición anunció que solicitará a la Justicia una copia de la declaración de los detenidos durante la confiscación del dinero e investigar a fondo la participación del gobierno del presidente Hugo Chávez.

"Siempre señalamos que el caso de Antonini Wilson debía ser seguido de cerca por la Justicia argentina, porque se enmarca en las negociaciones poco transparentes entre Venezuela y nuestro país'', dijo Adrián Pérez, líder del bloque de diputados de la opositora Coalición Cívica.

La dirigencia de Propuesta Republicana (PRO), del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, se pronunció también a favor de investigar los vínculos con Venezuela.

"Sin justicia no se puede vivir y la justicia argentina tiene que demostrar que es independiente y que no hay impunidad'', dijo el diputado Federico Pinedo.

El legislador hizo un llamado para "investigar en el marco del ingreso de (Hugo) Chávez al Mercosur cuál fue su política de financiamiento de políticos en el continente, porque recibió denuncias de México, Perú, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, y ahora se suma Argentina''.

Las repercusiones también se hicieron sentir en Uruguay ya que uno de los acusados en Miami, Rodolfo Edgardo Wanseele Paciello, es de nacionalidad uruguaya y porque Antonini viajaba frecuentemente a ese país desde Miami.

El diputado opositor Pablo Abdala dijo que el Partido Nacional evalúa la opción de requerir informes al departamento de Migración para saber si Antonini estuvo en Uruguay en el 2004, cuando los uruguayos eligieron en las urnas al presidente Tabaré Vázquez, del izquierdista Frente Amplio.

Según Abdala, el caso "tiene notorias conexiones con Uruguay que se dan a partir de la presencia del portador de la valija (Antonini) entre nosotros en forma reiterada, interviniendo en actividades comerciales que se han venido desarrollando en estos últimos dos años entre los dos países''.

En Washington, mientras tanto, el Departamento de Estado se abstuvo de mencionar detalles específicos, pero dijo que estaba al tanto de la investigación y reiteró la inquietud de Estados Unidos ante la posibilidad de que el gobierno del presidente Chávez esté interfiriendo en los asuntos de otros países.

"Hemos hablado de su interferencia en los asuntos de otras naciones. Han tratado de inmiscuirse en varias elecciones en la región y en algunos casos el tiro les salió por la culata'', declaró a la prensa el portavoz del Departamento de Estado, Sean McCormack.