Los gobiernos de Argentina y Venezuela acordaron encubrir el origen y el destino de una valija con unos $800,000 en efectivo que fue confiscada al empresario venezolano estadounidense Guido Antonini Wilson en Buenos Aires, aseguró ayer un fiscal federal en Miami al citar la existencia de grabaciones en ese sentido.
''Hay numerosas grabaciones en las que ellos [los acusados] dejan bien claro que había un acuerdo entre los gobiernos de Argentina y Venezuela en el que la verdadera fuente de los fondos sería suprimida y este problema desaparecería, siempre y cuando Antonini colaborara'', afirmó el fiscal Tom Mulvihill.
En la misma audiencia Mulvihill
aseguró que el gobierno de Venezuela ofreció $2 millones a Antonini por acogerse a un plan con el que se pretendía ocultar el verdadero origen de los fondos y su objetivo.
La explosiva intervención de Mulvihill se produjo como parte de una audiencia de notificación de cargos a Edgardo Wanseele Paciello, ciudadano uruguayo acusado de actuar como agente de un gobierno extranjero junto con cuatro individuos más para coaccionar a Antonini.
''Así que tenemos que había un agente del gobierno [enviado por la DISIP de Venezuela] con dos acusados ofreciendo $2 millones en nombre del gobierno de Venezuela'', dijo el fiscal un poco disgustado al enterarse de la decisión del magistrado de turno, William Turnoff, de conceder libertad bajo fianza a Wanseele.
En una primera audiencia la semana pasada Mulvihill soltó la primera bomba al mencionar con nombre propio la campaña presidencial de Cristina Fernández, actual presidenta de Argentina, como beneficiaria de los $800,000 que transportó Antonini.
El lunes el funcionario no citó el nombre de Fernández sino que atribuyó la conexión entre el dinero y la campaña ''a los medios de comunicación de América del Sur'' que publicaron artículos que hablaban de una ``campaña presidencial en Argentina''.
Sin embargo, a medida que avanzaba la audiencia en la atestada sala de la corte federal de Miami, el fiscal volvió a tocar el tema que la semana pasada produjo un terremoto político en Argentina.
Mulvihill explicó que la confiscación del dinero a Antonini, a su arribo a un aeropuerto de Buenos Aires el 4 de agosto en un vuelo privado, creó un ''desastre de relaciones públicas'' que causó problemas al gobierno venezolano por cuanto el dinero había sido introducido en un avión que salió de Venezuela y llegó a la Argentina.
Fue en se punto que el fiscal habló del acuerdo entre ambos gobiernos para ``tapar lo que estaba ocurriendo en Argentina''
Mulvihill indicó que ``para suprimir ese desastre de relaciones públicas, los agentes de la DISIP se reunieron con Antonini''.
Una de esas reuniones fue descrita ayer por el fiscal y el agente del FBI, Bryan Young, a fin de convencer al magistrado que denegara la libertad bajo fianza de Wanseele tal y como lo hizo el martes pasado otro magistrado con los empresarios venezolanos Franklin Durán y Carlos Kauffmann, también acusados en la misma conspiración.
Wanseele es un inmigrante uruguayo de 40 años quien se gana un sueldo de $50,000 al año como empleado de la empresa de envío de encomiendas, XL Worlwide de Miami. Resultó involucrado luego de que agentes federales detectaron su presencia el pasado 28 de octubre en un cafetería Starbucks de Plantation durante una operación encubierta.





























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