Uno de los periodistas mejor informados de Venezuela lo dijo por la radio de su país el 14 de agosto y lo escribió dos días después en uno de sus habituales comentarios en Caracas: Guido Alejandro Antonini Wilson, el hombre de la valija de $800,000 confiscada por las autoridades argentinas, está colaborando con autoridades de Estados Unidos.

Apenas llegó a Miami, decía la crónica en El Universal del conocido comentarista Nelson Bocaranda, Antonini se puso en contacto con sus socios de la ''boliburguesía gubernamental rojita'' (empresarios cercanos al presidente Hugo Chávez), pero estos vacilaron o no le respondieron.

Ante las dudas, a Antonini ''no le quedó otra salida que contactar a las autoridades estadounidenses'', escribió Bocaranda y agregó: ``Salvando su pellejo, ya que tiene la nacionalidad gringa, el gordo de la maleta comenzó a contar de todas sus andanzas y sociedades ante funcionarios de dos organismos del norte''.

La versión sin fuente fue ampliamente difundida por la prensa, la radio y la televisión, ampliada por otros colegas y replicada en numerosos portales de Internet de ese país en los días siguientes.

Era un rumor nacional.

Hoy, cinco meses después, la osada primicia del periodista venezolano abre un interrogante de fondo sobre la historia de espionaje, dinero y política que rodea una acusación de la fiscalía federal de Miami contra cinco presuntos agentes del gobierno de Venezuela que habrían coaccionado a Antonini para que se quedara callado en relación con el origen y el destino del dinero.

¿Cómo es que, a pesar del insistente rumor de la colaboración de Antonini con el gobierno de Estados Unidos, sus amigos, los acaudalados empresarios Franklin Durán y Carlos Kauffmann, se sintieron en confianza como para reunirse con él en el sur de la Florida y someterlo a una intimidación a nombre del gobierno de Venezuela?

En una declaración bajo juramento, el agente del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Michael J. Lasiewicki afirmó que el 23 de agosto del 2007, ocho días después de que Bocaranda echó andar el rumor, Durán, Kauffmann y Moisés Manioca, un abogado venezolano, se reunieron con Antonini en Fort Lauderdale.

Allí le revelaron que la valija con unos $800,000, confiscada en la madrugada del 4 de agosto en el aeropuerto de Buenos Aires, tenía como destino la campaña electoral de la actual presidenta de Argentina, Cristina Fernández.

En esa misma reunión, Kauffmann le habría advertido a Antonini que sus decisiones futuras podrían poner en riesgo la vida de sus hijas, dos menores de edad que viven en Key Biscayne. Esta amenaza fue omitida luego en el encausamiento formal.

Durán, acusado junto con Kauffmann de actuar como agentes del gobierno venezolano, le habría comunicado a Antonini que había analizado su situación con dos altos funcionarios de la DISIP [Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención] y del Ministerio de Justicia de ese país.

Aunque la fiscalía no ha revelado la fecha exacta en la que Antonini se convirtió en un colaborador de la justicia, la abogada de Antonini, Theresa Van Vliet, sostuvo a The Miami Herald que el empresario venezolano-americano empezó su cooperación tan pronto como llegó a Estados Unidos.