Hay muchos en el Congreso que cuentan con los muros fronterizos como factor disuasivo para la inmigración ilegal y el narcotráfico desde México. Aquí, en Del Río, Texas, las autoridades usan las cárceles.

La prisión del Condado Val Verde está repleta de jardineros y sirvientas, inmigrantes en espera de la deportación, atrapados en un operativo llamado Operación Streamline, un programa de cero tolerancia que comenzó aquí y desde entonces se ha extendido a lo largo de la frontera con México.

Los detractores del enfoque carcelario cuestionan los costos cada vez más elevados, se quejan de las malas condiciones que imperan en los centros de detención y pronostican que finalmente eso no impedirá que los inmigrantes y las drogas sigan entrando al país.

Pero los partidarios dicen que ha hecho bajar la delincuencia y disuade a los indocumentados de cruzar la frontera. El número de inmigrantes ilegales atrapados en el Sector Del Río de la Patrulla Fronteriza está a su nivel más bajo desde principios de los años 70.

"El método funciona'', dice D'Wayne Jernigan, policía del Condado Val Verde. ‘‘Decididamente hemos visto una reducción de la delincuencia en toda la zona fronteriza y menos extranjeros ilegales andan sueltos en la comunidad''.

Aunque las autoridades federales planean construir muros cerca del puente internacional que conecta a Del Río con Ciudad Acuña, Jernigan --que prefiere los policías a los muros-- dice que el tráfico de ilegales ha disminuido.

En todo 2007, 22,920 personas fueron detenidas en el sector Del Río y en su mayoría pasaron por la cárcel de Val Verde. En 1974, el año para el cual se poseen las cifras de fin de año más antiguas, se detuvieron más de 44,806 personas, casi el doble. No se sabe cuántos lograron pasar, pero el gobierno cree que menos personas capturadas significan que menos han cruzado.

Tan recientemente como en el 2000, en el sector se detuvieron 157,178 personas. Entonces, a fines del 2005, luego de una gran protesta por parte del jefe de policía y otros funcionarios locales, la Patrulla Fronteriza lanzó la Operación Streamline en el sector de Del Río. Después se amplió a Yuma, Arizona, y más recientemente a Laredo, Texas.

El nuevo plan tiene como meta ponerle fin a la controvertida práctica de detener y liberar a los indocumentados. Durante años, miles de extranjeros indocumentados capturados cerca de la frontera quedaban libres por falta de espacio carcelario y se les daba una citación para comparecer ante un tribunal. La mayoría simplemente se esfumaba en la economía clandestina.

Ahora el lema es "capturar y detener'', lo que significa que prácticamente todos los detenidos son enviados a un tribunal o se les deporta de inmediato.

El resultado es una carga logística y financiera para el Departamento de Justicia, que tiene que añadir abogados y otros empleados para encausar a los detenidos. El secretario de Justicia, Michael Mukasey, recientemente calificó de asombrosa esa carga.

Junto con eso ha surgido una demanda casi insaciable de espacio de prisiones.

Por ejemplo, hace ocho años la Prisión de Val Verde sólo tenía 180 camas. Este año, tras completarse una segunda ampliación de 600 camas, la cárcel de máxima seguridad tiene capacidad para 1,425 presos, un aumento de casi 800 por ciento.

Mientras la población carcelaria estatal se ha mantenido igual, entre 70 y 80 diarios como promedio, los detenidos por delitos de drogas o inmigración son muchos más, según cifras oficiales.