El gobierno boliviano congeló un diálogo con partidos de la oposición, orientado a descomprimir la crisis política, hasta después del referendo revocatorio de mandatos de autoridades del próximo 10 de agosto.

El vicepresidente Alvaro García determinó diferir las conversaciones con la oposición que comenzaron a fines de mayo, que ha tenido como veedores a la Iglesia Católica, la Organización de Estados Americanos (OEA), Argentina, Brasil y Colombia.

"Hemos decidido suspender temporalmente la continuidad de esta mesa de trabajo, de reconciliación, hasta el día 11 de agosto'', afirmó García, quien reconoció que el ‘‘debate electoral'' que comenzará por los referendos revocatorios podría "empañar'' el acercamiento.

El diálogo busca principalmente compatibilizar la nueva Constitución de corte indígena, que impulsa el oficialismo, y los gobiernos autónomos de tinte liberal que apoya la oposición, dos visiones de país divergentes y causantes de la crisis.

García, un intelectual indígena y ex militante de un grupo guerrillero en la década del 90, reconoció que la autonomía departamental que impulsan con vigor cuatro de las nueve regiones de Bolivia es el elemento central que ha impedido limar las divergencias.

"Quedará pendiente de su tratamiento (los gobiernos autónomos) hasta después del 11 de agosto'', insistió la autoridad.

Así, el gobierno es consciente de que además de las campañas electorales por los referendos revocatorios, los plebiscitos por gobiernos autónomos de las regiones opositoras de Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija son otro escollo que bloquean el diálogo.

La próspera Santa Cruz, Beni y Pando ya realizaron sus consultas entre mayo y junio, en los que aprobaron por amplia mayoría sus estatutos de gobiernos autónomos -una suerte de constituciones locales-, en jornadas electorales consideradas ilegales por el gobierno central.

Tarija, la cuarta región rebelde y poseedora de las principales reservas de gas natural del país, irá a consulta este domingo 22 con similares propósitos.

Justamente estas cuatro regiones rebeldes no acudieron al llamado al diálogo por estar inmersas en sus procesos autonómicos.

La agrupación derechista Podemos, la principal fuerza de oposición, tampoco acudió a los encuentros porque argumentó que no había una sincera voluntad del oficialismo de abrirse a modificar la nueva Carta Magna, aprobada en diciembre pasado por la Asamblea Constituyente, sin debate ni consenso.

Podemos considera que la propuesta de ley fundamental, que aún debe sortear dos referendos nacionales para entrar en vigencia, enfatiza en exceso las reivindicaciones de los pueblos indígenas y abre la posibilidad de dos reelecciones más del presidente Evo Morales.