Bajo la presión de las mayores redadas de inmigrantes indocumentados en dos décadas, los empleadores de todo el país se defienden como gato boca arriba en las legislaturas estatales, los tribunales federales y los gobiernos municipales.

Los grupos empresariales han resistido medidas para revocar la licencia de operación a las empresas que empleen a inmigrantes ilegales y proponen alternativas que cambien las normas federales para verificar los documentos de identidad y la ampliación de los programas para importar legalmente trabajadores de otros países.

Aunque el esfuerzo es obra tanto de republicanos como demócratas, en muchos lugares se reabre el cisma del problema migratorio que afectó al Partido Republicano el año pasado. Ciertas empresas, generalmente bastiones republicanos, se enfrentan a otros miembros de ese partido, que los acusan de socavar las normas de protección fronteriza y con ello perjudican los empleos en el país al contratar a inmigrantes ilegales para pagar poco.

Las empresas de Arizona se indignaron el año pasado con una ley aprobada por la Legislatura estatal, de mayoría republicana, que revoca la licencia a las empresas que sean halladas culpables dos veces de emplear a indocumentados. En el período de sesiones de esta año lograron que se aprobara una norma más específica que establece que no se aplica a trabajadores contratados antes de este año.

La semana pasada una agrupación de empresas de Arizona sometió más de 284,000 firmas, muchas más de las necesarias, para incluir en la boleta electoral de noviembre una propuesta que haga esa ley menos estricta para las empresas.

También en meses recientes se votó contra proyectos de ley en Indiana y Kentucky, donde la mayoría en las legislaturas está dividida, debido en parte a advertencias de grupos empresariales que las medidas perjudicarían la economía.

En Oklahoma varias cámaras de comercio acudieron a los tribunales federales el mes pasado y consiguieron una orden que suspendió ciertas cláusulas de una ley estatal del 2007 que exigía que las empresas utilizaran una base federal de datos para investigar el estatus migratorio de personas recién contratadas. En California las empresas han recurrido a funcionarios electos, como el alcalde demócrata de Los Angeles, para que cabildearan ante las autoridades federales de inmigración para que no realizaran redadas en compañías establecidas.

"Esas empresas han comenzado a darse cuenta de que están en la mejor posición para alegar que que necesitan trabajadores y que están dispuestos a cumplir la ley'', dice Tamar Jacoby, presidente de la federación InmigrationWorks USA.

Después de años de hacer cumplir las leyes sin mucha uniformidad, los agentes de inmigración han realizado numerosas redadas, que el año pasado generaron 4,940 arrestos en centros de trabajo. Aunque el tema de la inmigración desde hace mucho se considera un asunto federal, en los estados se plantearon más de 175 proyectos de ley relacionados con el empleo de inmigrantes, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales.

Legisladores estatales dicen que han actuado contra de empresas frecuentemente en reacción a fervientes demandas de los votantes para reducir el incentivos del empleo que atraía a grandes cantidades de inmigrantes ilegales.

"La inmigración ilegal es un peligro para la seguridad de las familias de Missouri y la seguridad de sus empleos'', dijo el gobernador Matt Blunt, de ese estado, cuando la legislatura aprobó en mayo una ley contra la inmigración ilegal. "Me complace que los legisladores hayan escuchado mi llamado para continuar la batalla en los casos en que Washington no ha actuado''.