UVITA DE OSA, Costa Rica - Cuando los jueces del Tribunal Ambiental de Costa Rica emergieron recientemente de la selva, estaban horrorizados.

A lo largo de la todavía silvestre frontera con el Pacífico, constructores ilegales habían cortado las raíces de viejos árboles para acelerar su muerte, despejando el camino para construir mansiones y hoteles con "vista al océano''. Antiquísimos refugios de bosques tropicales, albergues de rojos macaos, fieros jaguares y exóticas mariposas azules, habían sido arrasados para levantar casas de lujo. Y las excavadoras habían puesto los ríos color chocolate, amenazando el abastecimiento local de agua, las tortugas de mar, los delfines y los arrecifes coralinos cercanos a la costa, el fundamento mismo de la economía de este país turístico.

El tribunal ambiental más importante del país tomó medidas inmediatamente, confiscando equipos pesados y demandado investigaciones de las más de 1,000 lujosas residencias. Fue la sensacional culminación de una ofensiva de cuatro meses contra la construcción ilegal, en la que los jueces ordenaron la investigación de miles de cuartos de hoteles, mansiones frente al mar y condominios. El valor total de estas construcciones se estima en más de $1,000 millones.

"Mucho se ha perdido, pero ha quedado mucho por salvar'', dijo el presidente del tribunal José Lino Chaves, que encabezó el reciente renacimiento del tribunal.

Las incursiones de los agentes de protección del medio, consideradas sin precedentes en América Latina -una región conocida por lo relajado de sus leyes y de su aplicación-- ha provocado júbilo entre los ambientalistas.

Pero otros, incluyendo la prominente Cámara Nacional de Turismo (CANATUR), ha acusado a los jueces de "sensacionalismo'' y ha mostrado preocupación por la imagen de Costa Rica.

Los jueces del tribunal han recibido amenazas anónimas y presiones de toda una serie de intereses inmobiliarios y de la construcción para que relajen su ofensiva.

Sin embargo, ellos insisten en que su trabajo es necesario para garantizarle a todos los costarricenses su derecho constitucional a un ‘‘medio ambiente saludable y ecológicamente balanceado''.

Abogados de algunas construcciones, afectadas por las incursiones del tribunal, le dijeron al Miami Herald que sus clientes estaban de acuerdo con las medidas del tribunal y harían todo lo que estuviera en su mano para proteger el medio ambiente.

Chaves, el presidente del tribunal, dijo que ellos no eran ‘‘anti-urbanización'', añadiendo saber que este país en desarrollo depende del turismo. "Este es un país pobre y necesitamos todas las inversiones que podamos conseguir.

Nosotros sólo demandamos que se obedezcan nuestras leyes ambientales''.

En el pasado, dijo, los que venían a Costa Rica frecuentemente eran los que querían rápidas ganancias de sus inversiones, aprovechando la poca regulación y falta de cumplimiento de las leyes.

Muchos ecologistas esperan que la ofensiva del tribunal enviará nuevas señales, tanto dentro como fuera del país, mientras las presiones de los urbanizadores y de la construcción ilegal afectan la tradicional imagen de Costa Rica como un país ‘‘verde''.

Estudios científicos han descubierto el impacto, alarmantemente negativo, de la reciente explosión de la urbanización. Según las Asociación Hotelera de Costa Rica, ha significado un 500 por ciento de aumento en la construcción de condominios y apartamentos en algunas áreas.