Durante el auge inmobiliario la cantidad de corredores con licencia y dueños de negocios de corretaje casi se triplicó, de 31,319 en el 2000 a 91,207 el año pasado. Durante el mismo período, las revocaciones bajaron más de la mitad, de 42 a 20, según las órdenes finales de la OFR y los boletines que publicó.

En el 2005, el momento más alto del auge inmobiliario, la OFR sólo revocó 11 licencias.

Fue justamente ese año que Candance Young se dirigió a la oficina de la OFR en Miami después de haber perdido su casa en una transacción cuestionable con la corredora hipotecaria miamense Michael Fletcher.

Young, entonces embarazada, dijo que se acercó a Fletcher para que la ayudara a refinanciar su casa de Kendall. En lugar de llevarla a su oficina, realizó el cierre en un Burger King y le pidió que firmara innumerables documentos en la oscuridad del baúl de su automóvil.

Meses más tarde, dijo Young, Fletcher se apareció en su casa y le dijo que era el propietario de la vivienda. Sucedió que uno de los documentos que ella firmó era el título de la propiedad.

Hasta el momento, Fletcher sigue negando que la haya engañado: "Ella sabía lo que estaba firmando. No traté de robarle la casa''. Frustrada, Young dijo que fue a la oficina de la OFR en Miami en el 2005 y entregó toda la documentación.

Las autoridades normativas reconocieron de inmediato que Young ya no era dueña de su casa, dijo la mujer. Sin embargo, en vez de iniciar una investigación, afirma Young, le dijeron que no podían hacer nada a menos que a Fletcher lo hubieran declarado culpable de un delito. "Me dijeron que llamara a la policía'', dijo la mujer.

Según las leyes estatales, las autoridades normativas podrían haber tomado cualquier medida, incluso una investigación propia, y solicitar una audiencia de emergencia.

Un juez de Miami-Dade finalmente anuló la transferencia del título al fallar que el notario y el testigo cuyas firmas aparecían en el documento ni siquiera estaban presentes, pero el estado no ha realizado ninguna investigación.

Fletcher, que fue hallado culpable en el 2007 de robo en mayor cuantía en un caso aparte, todavía tiene su licencia de corredor hipotecario.

El crecimiento de Cash Out Mortgage, Lewis Spinner --que operaba en un pequeño centro comercial de Miramar con cientos de agentes, fue paralelo al crecimiento del sector de hipotecas de alto riesgo en el sur de la Florida.

Las autoridades normativas estatales recibieron 14 denuncias contra Cash Out entre el 2001 y el 2006.

Después de la séptima denuncia, en el 2003, analizaron superficialmente los libros de Spinner. Lo que encontraron era suficiente para expulsarlo del sector.

Cobraba cargos ilegales, no inscribía a sus empleados ante las autoridades estatales y no le pagó a por lo menos un cliente las ganancias de una hipoteca.

De los 615 préstamos emitidos por Cash Out desde el 2000, la OFR revisó 12. Por lo menos tres tenían cargos excesivos por un total de $8,488, según informes.

La OFR hizo que Spinner le prometiera informar a los clientes que le había cobrado de más y les ofreciera un reembolso.

La revisión también halló que Spinner no incluyó a nueve empleados en un informe trimestral obligatorio a las autoridades estatales. Seis de ellos tenían antecedentes penales serios, como robo en mayor cuantía, robo a mano armada y tráfico de cocaína, encontró The Miami Herald.

El propio Spinner aprobó la verificación de antecedentes penales y recibió la licencia a pesar de revelar una condena por posesión de artículos robados y una multa por presentar una evaluación inmobiliaria faudulenta.

Pero más importante, la revisión sustanció el tema clave de la denuncia: Cash Out había aceptado $120,000 de un banco a nombre de un prestatario, pero no devolvió el dinero al cliente. Eso sólo es razón suficiente para revocarle la licencia, según las normas estatales.

Las autoridades normativas se limitaron a multarlo con $1,500 y lo dejaron en libertad para vender hipotecas durante dos años y medio, que aprovechó para ampliar la empresa a nivel nacional y estafar a bancos y clientes.

Los abogados, clientes e incluso un ex empleado presentaron denuncias contra Cash Out ante las autoridades estatales, pero la OFR ni siquiera le echó otro vistazo.

Las denuncias se presentaron en un período en que la entidad realizaba menos inspecciones y la cantidad de casos nuevos bajó en más de 50 por ciento entre el 2003 y el 2007, muestran los informes trimestrales de la entidad.

En EL 2003, Sylvester Julien decidió refinanciar su casa de Winter Garden. Cash Out le ofreció un estimado de una hipoteca fija a 30 años y al 7 por ciento. En el cierre, el préstamos resultó que tenía el 14 por ciento de interés y una multa sustancial por pago adelantado.

"Presenté una denuncia a las autoridades normativas'', dijo Julien. "No hicieron nada''.

La ex empleada Andrea Orbe escribió a la OFR en el 2005 que los ejecutivos de la firma "ajustaban'' rutinariamente las pruebas de ingresos y los W-2 de los clientes para hacerlos parecer que ganaran más y tenían mejor calificación de crédito.

Orbe describió un caso en que su gerente "milagrosamente'' aumentó el valor de una vivienda en el amillaramiento. "Esta es sólo una del millón de veces que se ha hecho'', advirtió a las autoridades normativas.

Pero el estado no hizo nada.

Finalmente, un denunciante alertó a la unidad de delitos económicos del FBI de Broward en el 2006, lo que llevó al FBI a registrar la oficina y llevarse numerosos documentos.

Meses más tarde, un jurado federal de instrucción de Miami encausó a Spinner y a su socio --Howard Roy Kleinman-- en un caso de fraude en que los acusaron de robar $21 millones a bancos y consumidores durante cuatro años.

Uno de los métodos de fraude descritos en el encausamiento, no pasar al cliente los réditos derivados de préstamos, se reveló por primera vez en la investigación estatal del 2003.

En aquel entonces el estado le impuso una multa y exigió a Spinner que prometiera dejar de infringir la ley. Spinner también prometió decirles a los clientes que les había cobrado de más, y ofrecerles un reembolso, pero nunca lo hizo.

Scott Maurer, de Pembroke Pines, no sabía que le habían estafado $1,500 hasta que The Miami Herald se lo dijo la semana pasada, cinco años después que las autoridades normativas lo descubrieran Maurer dijo que se enojó pero que le sorprendía aún más que el estado lo supiera y no le hubiera informado.

"Me hubiera sentido agradecido'', dijo. "Hubiera sido lo cortés''.

En una carta enviada al Herald en junio desde una cárcel federal en Pennsylvania, Spinner admitió sus delitos. "Soy culpable. Hice eso de lo que se me acusa''.

Y mientras el estado no investigaba a muchos corredores, tampoco tampoco castigaba a los que atrapaban falsificando documentos y robando a los clientes.

El primer choque de Samantha Johnson con las autoridades normativas fue en el 1994.

Poco después que comenzó a tramitar préstamos, el estado la sorprendió alentando a los clientes a pedir préstamos para reparaciones y remitiendo los trabajos a su esposo, sin revelar que lo era.

Le pusieron una multa de $500 y le exigieron que prometiera no hacerlo más.

Entonces las autoridades fueron a su oficina en el 2001 y encontraron que estaba mintiendo para ocultar préstamos dudosos, falsificando documentos y agregando pagos ilegales a las hipotecas.

De nuevo le dijeron que no lo hiciera más y la multaron.

The Miami Herald halló que Johnson fue una de más de una docena de corredores hipotecarios que realizaba fraude y que fueron descubiertos entre el 2000 y el 2007, pero se les permitió seguir trabajando.

David Audiffred fue descubierto dos veces por las autoridades cobrando cuotas ilegales a los clientes, pero siguió activo hasta que lo atraparon por tercera vez.

Las autoridades sorprendieron también a State Mortgage and Investment Corporation sometiendo información fraudulenta a los bancos y modificando ilegalmente acuerdos hipotecarios con clientes en el 2001, además de cobrar intereses a niveles ilegales en el 2004, pero nunca la suspendieron.

Con una cadena de falsificadores y contratistas corruptos, Johnson creó un complejo plan para robar las viviendas a pobres y ancianos.

Johnson, nacida en Sudáfrica, tenía una oficina en Parkland y empezó por recorrer en su carro algunos barrios pobres de Broward en busca de casas que parecieran abandonadas o desatendidas.

Entonces presentaba embargos preventivos falsos para preparar el camino y apoderarse de las casas.

Se valía de licencias de conducir y sellos falsos de notarización para transferir las propiedades de las casas a compañías pantalla y testaferros que controlaba.

Después de asumir el título de las propiedades con nombres falsos, ganaba dinero con tres simples pasos: conseguía una hipoteca por la casa, tomaba el dinero y entonces le vendía la casa a algún comprador ingenuo.

Repitió ese tipo de transacción una y otra vez, por lo menos 10 en casas de vecindarios pobres o de clase obrera, entre el 2000 y el 2004.

A fines del 2001, Angel Robinson se quejó ante las autoridades de que Johnson la convenció engañosamente para que comprara una casa derruida en Plantation valiéndose de un amillaramiento falso. Robinson le dijo a la OFR que Johnson "le jugó una mala pasada muy costosa a mi familia, al banco y a mí'', y pidió: "Por favor, ayúdenme a recuperar mi propiedad''.

El estado tardó año y medio en responderle.

Mientras tanto, las entidades del gobierno iniciaron una investigación cuando Johnson le robó una casa a un contratista local, que notificó a la policía.

Mientras el gobierno organizaba el encausamiento, Johnson siguió haciendo de las suyas, incluso a sabiendas de que la investigaban.

"Siguió igual que antes'', dice Brad Stephenson, detective de la Policía de Broward.

Con el fin de neutralizarla, Stephenson dijo que le pidió a las autoridades normativas que le prohibieran trabajar en el sector.

Aunque las autoridades normativas ya la habían sorprendido dos veces infringiendo la ley, Stephenson dijo que sus peticiones no surtieron ningún efecto. "Hubo numerosas solicitudes para que el estado le suspendiera la licencia'', dijo. "Fue un proceso largo y tedioso. Se demoró más tiempo de lo debido''.

Johnson le robó a James Simmons su casa de Fort Lauderdale, que estaba vacía porque Simmons llevó a su esposa enferma a Georgia para que muriera cerca de su familia. El veterano de Vietnam incapacitado y de 64 años descubrió que Johnson vendió la casa cuando regresó a la Florida en el 2003.

Después de su arresto en el 2004, las autoridades federales consideraron a Johnson tan peligrosa --una ladrona compulsiva que había contactado a un hombre de pasado violento para que ‘‘se ocupara'' del detective Stephenson-- que le pidieron al juez que la mantuviera encarcelada mientras llegaba el juicio. El juez aceptó.

Stephenson le dijo al tribunal que Johnson no debía salir de la cárcel por temor a que siguiera robando casas. Sin embargo, la OFR no le revocó la licencia hasta abril del 2005, tres meses después que la hallaron culpable, y ocho meses después que salió de la cárcel.

Janice Scott-Kittles todavía batalla para recuperar la casa que Johnson le robó a su madre, Hazel Scott, en el 2004.

Scott, maestra de las escuelas públicas de Fort Lauderdale durante más de 40 años, estaba ciega y padecía de Alzheimer cuando fue trasladada a una asilo en el 2000. Fue en ese momento que Johnson se mudó, falsfificando una escritura y apoderándose de la vivienda de la anciana.

"Murió'', dijo su hija, "sin saber qué ocurrió''.