Al mismo tiempo que aumenta el control de importantes bastiones en el sector privado, aprueba leyes que promueven una mayor concentración del poder, y dedica fuertes sumas para financiar compras militares, el gobierno del presidente Chávez está incrementando las presiones en un campo especialmente sensible en este año electoral: los medios de comunicación y los periodistas.

En los últimos meses, el mandatario venezolano ha utilizado sin límites la televisión estatal para transmitir actos proselitistas, ha utilizado unidades militares para intervenir emisoras de radio adversas a sus candidatos, y funcionarios de la policía política (DISIP) han actuado para detener a periodistas que manejaban información delicada, de acuerdo a denuncias de diversos grupos independientes y de los propios periodistas y dueños de medios afectados.

Repitiendo un esquema practicado con medios de comunicación de circulación o cobertura nacional, el gobierno está utilizando crecientemente la publicidad como un arma coercitiva contra medios locales, y presiona abiertamente para que se publique información favorable a los oficialistas, aseguraron expertos y analistas.

La controversial Ley Orgánica de Telecomunicaciones, Informática y Servicios Postales, que el presidente Chávez no incluyó en el paquete de 26 leyes aprobadas mediante poder especial, será aprobada en breve por la Asamblea Nacional, y le otorgará un poder aboluto para ordenar a discreción un blackout informativo por razones de seguridad nacional, a completa discrecionalidad del presidente. La ley tiene ya el visto bueno del Tribunal Supremo de Justicia (TJS).

Según esta nueva legislación, Chávez será el único que podrá ordenar la suspensión de cualquier tipo de "transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza'', mediante "comunicación por voz, datos y videos que esté actualmente inventada o por inventarse'', invocando razones de "orden púlbico, la seguridad o los intereses de la Nación''.

La maquinaria de propaganda chavista utiliza más de 400 radioemisoras, 72 estaciones de televisión y 18 periódicos de cobertura local y nacional para promover candidatos y políticas chavistas, dijo a El Nuevo Herald el profesor Antonio Pasquali, académico de la Universidad Central de Venezuela y ex consultor de la Unesco en material comunicacional.

Las presiones legales y políticas del gobierno podrían afectar seriamente la libertad de expresión en Venezulea y hacer mucho más riesgoso el ejercicio del periodismo, dijo Carlos Correa, director de Espacio Público, una organización no gubernamental que monitorea el ámbito de los medios impresos y radioeléctricos en Venezuela.

"A partir de este momento vamos a tener más riesgos en cuanto a una mayor violencia contra periodistas y medios, y una mayor restricción de la libertad de expresión'', dijo Correa.

Los periodistas han sentido la presión legal tan cerca que esta semana lanzaron una campaña nacional e internacional, junto a otros gremios profesionales, para denunciar la inconstitucionalidad de varias de la leyes aprobadas por Chávez recientemente, y que afectan el ejercicio profesional, dijo Roger Santodomingo, directivo del Colegio Nacional de Periodistas (CNP).

"Se está queriendo llevar a Venezuela a un gobierno socialista donde se escuche una sola voz. Un modelo socialista que no fue aceptado el pasado 2 de diciembre'', declaró Santodomingo en una conferencia de prensa el jueves.