Los gobiernos de Venezuela y Argentina, y de reojo, el de Uruguay, tienen su vista puesta en el juicio que comienza este martes en una corte de Miami.

El acusado es el acaudalado empresario venezolano Franklin Durán.

La fiscalía sostiene que Durán fue parte de una confabulación dirigida por el gobierno de Venezuela para encubrir el origen y el destino de un dinero que le fue confiscado en Argentina, a mediados del año pasado, al empresario estadounidense-venezolano Guido Alejandro Antonini.

Pero más allá de la polémica en torno a los tecnicismos del título 18, sección 951, del código de Estados Unidos, cuya violación se le atribuye a Durán, el juicio será un escenario para despejar dudas e intrigas de una historia que empezó con la confiscación de un maletín por una amodorrada guardia de aduanas de Argentina y se transformó en un delicado asunto de relaciones internacionales.

Por el lado de Venezuela, las revelaciones de la fiscalía estadounidense implican a dos gobernaciones chavistas que concluyen este año un mandato de dos períodos consecutivos que inciaron en el 2000. Pero también involucran a altos funcionarios de los ministerios de Finanzas y Educación que, a su vez, podrían convertirse en fuente de más información, si el gobierno federal decide ampliar las ramificaciones de este esquema de sobornos con conexiones bancarias en Miami.

"El gobierno está muy preocupado por la información que podría filtrarse en este juicio, y que centraría la atención en el tema de la corrupción en general del gobierno chavista'', dijo el periodista Nelson Bocaranda, un columnista del diario El Universal, de Caracas, que ha revelado detalles secretos de numerosos casos de corrupción gubernamental.

Bocaranda aseguró que existe una gran expectativa en Venezuela sobre el juicio del llamado caso del maletín, además, por el impacto que podría tener en la campaña electoral.

Si a esa expectativa se le agregan los alegatos de la defensa de que este es un juicio montado por el gobierno de Estados Unidos a un altísimo costo para aborchornar a su peor enemigo en la región, el presidente Hugo Chávez; las ramificaciones del caso en Uruguay y decenas de horas de grabaciones y correos electrónicos que se cruzaron los acusados, el maletín de Antonini se tranformará en una caja de Pandora por obra y arte de la ley y la política.

En el campo jurídico la controversia es clara: la fiscalía federal tendrá que probar que Durán actuó ilegalmente en nombre del gobierno venezolano para presionar a Antonini, un amigo y paisano suyo, a fin de que ocultara el origen y el destino de los $800,000 que llevó a Argentina desde Venezuela.

La defensa argumentará que Durán ignoraba la ambigua y desconocida ley de 1917 que lo obligaba a registrarse como agente extranjero, y que su intervención fue una gestión informal y de buena voluntad, una cosa de amigos.

"Injusticia: enviar a un hombre a prisión por un delito que no sabía que estaba cometiendo en violación de una ley oscura que no sabía que existía y que durante los 90 años de existencia nunca había sido aplicada para una conducta similar a ésta'', escribrió el abogado defensor Ed Shohat a la corte.

En el campo político la situación es más complicada.

Lo más seguro es que el fiscal Tom Mulvihill se vea forzado revivir un episodio del caso que reveló con mucha soltura en las primeras audiencias, pero que eliminó por completo en sus memoriales e intervenciones a partir de la crisis diplomática que originó entre el gobierno de Argentina y el de Estados Unidos.