A medida que pasa el tiempo, se conocen nuevos detalles de los esfuerzos que se hacían tras bastidores en varias partes del mundo para buscar una solución a la angustiosa situación de un grupo de secuestrados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), entre quienes se encontraban la ex congresista Ingrid Betancourt y tres contratistas del gobierno de Estados Unidos.

Dos abogados colombianos que guardaron en secreto su participación en uno de esos esfuerzos, le contaron a El Nuevo Herald los detalles de sus gestiones con guerrilleros y funcionarios de Colombia y Estados Unidos.

Carlos Arturo Toro López, uno de los abogados que más casos de extradición ha llevado en Colombia, y su colega, que prefirió no ser identificado, sostienen que cuando escucharon la propuesta que hicieron intermediarios de las FARC para la liberación del grupo de secuestrados, contactaron a la embajada de Estados Unidos en Bogotá.

Según ellos, se comunicaron con funcionarios de agencias federales de inteligencia de Estados Unidos, incluido el Buró Federal de Investigaciones (FBI), así como con una fiscal colombiana especializada de la división de antiterrorismo y un agente especial del CTI [Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de Colombia] que estuvo al tanto durante todo el proceso.

También contactaron al abogado penalista de Atlanta, Georgia, Jeffrey Manciagli, quien agregó al grupo a un socio suyo. Ambos aceptaron encargarse de llevar el caso ante las autoridades norteamericanas, porque "si tú negocias aquí [Colombia] y no negocias con los gringos, no has negociado nada'', dijo el socio de Toro López en diálogo con este reportero.

Los dos penalistas colombianos y Manciagli comenzaron a preparar la entrega de secuestrados a través de un fluido cruce de correos electrónicos al cual El Nuevo Herald tuvo acceso.

El 21 de mayo le informaban a Manciagli: "Como sabes, estamos tratando de llevar a cabo una negociación muy importante, donde necesitaríamos tu colaboración para cuadrar la compensación por la gestión profesional de nosotros y la cual debe desarrollarse en tu país. De otro lado, de ser cierto los acercamientos que estamos haciendo sobre el tema, tendrías que viajar a Colombia en estos días [. . .] ¿podemos contar contigo?"

El 5 de junio los dos abogados colombianos insistieron en la necesidad de que Manciagli viajara a Colombia, a lo cual éste respondió: "Lo que sí puedo confirmar es que el gobierno americano ofrece una recompensa de $350,000 por los tres [estadounidenses] y que el gobierno tiene un fondo de $100,000,000 para dar recompensa para los que logran la libertad de ellos y a Ingrid. Estoy muy interesado en esto''.

El asunto avanzaba y el 23 de junio Manciagli ya tenía un socio para el caso y ese día le escribió a Toro López: "Hablé con mi colega [aquí el nombre del colega] y está listo tan pronto sea necesario. O lo llevo a Colombia dos veces, pero tiene casi dos años que no ha ido y tiene muchas ganas de regresar. Esperamos lo mejor. Atentos saludos, Jeffrey''.

El contacto principal que mantuvo el puente entre los abogados y los dos carceleros de las FARC expuso que ‘‘ellos van a dar unas coordenadas a las que hay que llegar en helicópteros, los dos guerrilleros se subirán con los rehenes, se producirá la liberación y se les debe garantizar que no van a ser extraditados a Estados Unidos'', contó el abogado no identificado.