Publicado el martes 20 de enero del 2009

Una oleada de ataques contra opositores y críticos del gobierno de Hugo Chávez en la capital venezolana durante el fin de semana, elevó las tensiones y los temores de que la violencia se incremente a medida que se aproxime el referendo del próximo 15 de febrero.

Entre el sábado y el lunes, se registraron al menos cinco ataques contra instituciones y personalidades que se oponen a la intención del presidente Chávez de reelegirse indefinidamente.

En la noche del sábado, una decena de activistas prochavistas enmascarados atacó con fusiles de alto poder la sede de la Alcaldía Mayor, que controla la oposición. Los integrantes del grupo se identificaron como paramilitares que defienden la revolución bolivariana, según la versión del alcalde Antonio Ledezma. Hasta ahora, ningún grupo se ha adjudicado el ataque.

Ledezma denunció que los atacantes buscaban una serie de documentos que demuestran pagos injustificados por casi 400,000 millones de bolívares fuertes ($186 millones), que fueron pagados a último momento antes de que la alcaldía fuera entregada a la oposición.

"Se trata de un plan de violencia indefinida para intentar sabotear la gestión'', afirmó Ledezma el domingo.

El lunes por la madrugada, desconocidos arrojaron bombas lacrimógenas contra la sede de la Nunciatura Apostólica en Caracas. En esa sede permanece recluido el ex líder estudiantil Nixon Moreno, que lleva casi dos años sin que el gobierno chavista autorice un salvoconducto para que el joven pueda salir del país como asilado.

El ataque se dio una semana después de que culminara la reunión ordinaria del episcopado venezolano, que condenó explícitamente en una carta pastoral la enmienda para permitir la reelección indefinida, y exigió al gobierno ocuparse de los problemas de la inseguridad, la corrupción y el narcotráfico.

"Se busca crear un clima de violencia para meter miedo'', dijo Roberto Luckert, arzobispo de Coro y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, en declaraciones a El Nuevo Herald. ‘‘Es parte de una estrategia ya ensayada en Cuba y Nicaragua, pero que les va a fallar en Venezuela''.

En otro episodio la tarde de este domingo, un grupo de sujetos que se movilizaban en motocicletas atacaron e incendiaron el automóvil del líder estudiantil Ricardo Sánchez, presidente de la Federación de Centros Universitarios (FCU) de la Universidad Central de Venezuela (UCV), la principal organización estudiantil del país.

El hecho se produjo un día después de que el presidente Chávez ordenara a los cuerpos de seguridad echar "gas del bueno'' y meter presos a todos los estudiantes que "promuevan disturbios en las calles y autopistas''.

El lunes, mientras Sánchez cuestionaba la violencia contra los estudiantes en una conferencia de prensa en la UCV, se registraron varias explosiones dentro de la llamada Plaza del Rectorado, ubicada muy cerca de la sede de la FCU.

"Si querían amedrentarnos, se equivocaron porque hoy estamos más comprometidos que nunca. Hoy en día el movimiento estudiantil está preparado para lo que sea'', advirtió Sánchez.

Los ataques contra el líder estudiantil y la sede universitaria fueron condenados por altos funcionarios del gobierno.

"La violencia no es la vía para dirimir las discrepancias'', dijo Tarek El Aissami, ministro del Interior y Justicia, que condenó los ataques. El Aissami pidió también la cooperación de las autoridades de la UCV para investigar las agresiones.

Sin embargo, el funcionario defendió el llamado del presidente Chávez de reprimir, controlar y contener las manifestaciones violentas. "Debe ser así'', ratificó El Aissami según un reporte de la oficialista Agencia Bolivariana de Noticias (ABN).

También el lunes otro grupo de oficialistas lanzó artefactos explosivos contra la residencia de Marcel Granier, presidente del canal RCTV Internacional, que es crítico del gobierno y cuya concesión fue revocada por orden gubernamental.

"Por segunda vez en lo que va de año, y como consecuencia de los discursos violentos, incitadores de la violencia del presidente de la República, hemos sufrido un nuevo atentado en nuestra casa de habitación'', dijo Granier en una entrevista con medios locales.

Los ataques coinciden con una serie de asesinatos en tres regiones del país a cargo de presuntos sicarios, todos en menos de un mes, en su mayoría de opositores al gobierno, aunque otros atribuidos al narcotráfico.

En Maracaibo, estado Zulia, el ganadero Antonio Melen fue baleado en diciembre por sicarios cuando circulaba por una zona comercial de la ciudad. Melen, un rico empresario zuliano, era un abierto crítico del dirigente chavista Giancarlo Di Martino, que fue el candidato oficialista a la gobernación de ese estado y que resultó derrotado.

En Valencia, estado Carabobo, el abogado y periodista Orel Zambrano, columnista y vicepresidente de una emisora de radio, murió de un tiro en la nuca cuando fue atacado por dos individuos no identificados.

Según la organización Reporteros Sin Fronteras, el móvil del asesinato podría estar vinculado a su cobertura sobre el tráfico de drogas en el centro del país.

En Barinas, el abogado Luis Rodolfo Campos murió baleado por presuntos sicarios. Campos era defensor del general de Brigada Luis Delfín Gómez Parra, un militar disidente que está acusado de corrupción por el caso del Central Azucarero del estado Barinas (CAAEZ), en el que estuvieron implicados un grupo de cubanos asesores y altos funcionarios del gobierno chavista.

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