Cuando el presidente venezolano Hugo Chávez llegó al poder el 2 de febrero de 1999, pocos imaginaron el extremo al que el teniente coronel que había liderado una fallida intentona golpista llevaría su revolución bolivariana una década después.

De una sociedad de múltiples partidos políticos, con poderes públicos relativamente independientes, aunque en medio de un ambiente general de descrédito de la dirigencia política, el presidente Chávez ha logrado concentrar el mayor poder en la historia democrática de Venezuela, un poder con frecuencia omnímodo que ahora trata de extender mediante un sistema de partido único y la legitimación de su reelección indefinida.

Al tiempo que sus seguidores lo proclaman como un mesías redentor que lleva a Venezuela hacia un utópico socialismo del siglo XXI, en el que los pobres serán los más beneficiados, sus detractores denuncian que el país es ahora un hervidero de violencia política con niveles de corrupción nunca vistos en los últimos 50 años, convirtiendo al país petrolero en una autocracia, con una sociedad radicalmente distinta de la que vio el ascenso de Chávez al poder en 1999.

"Chávez cambió el país para bien y para mal'', dijo el asesor político Alfredo Keller, quien ha documentado el impacto de los cambios políticos de la opinión pública venezolana durante 10 años de chavismo.

"Sin duda transformó la política y cómo la gente se relaciona con el poder, promoviendo un discurso de inclusión social y de participación popular, y aunque lo ha hecho de una forma incompetente, regido por un interés político personalista, sobre esas bases puede construirse algo muy positivo para el país'', indicó Keller.

Sin embargo, subrayó el experto, Chávez terminó promoviendo el clientelismo y el asistencialismo como en el pasado, "deteriorando la moral y todos los valores sociales'' e incentivando la "idolatría de la violencia'', que ha convertido a Venezuela en uno de los países más violentos y con menos libertad política y de expresión en el mundo.

En 10 años el gobierno chavista colocó en la agenda de prioridades a los sectores populares, la democracia participativa y los programas sociales, pero al mismo tiempo "ha ido asfixiando los espacios de libertad en la sociedad venezolana'', dijo el jesuita Arturo Peraza, director de la revista de análisis político SIC y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas.

Aunque el gobierno de Chávez "no se comporta como una dictadura clásica latinoamericana'' y "no se puede decir que sea sangrienta'', sostiene el padre Peraza, "funciona dentro de esquemas autoritarios que tienden a asfixiar los espacios de libertad de expresión y acceso a la información, a la criminalización de la protesta, hostigamiento a defensores de los derechos humanos y a la privación de libertad por razones políticas''.

Peraza dijo que el problema político más grave que Venezuela enfrenta es ‘‘la disolución del Estado'' y el "desmontaje de las instituciones y poderes públicos'', ahora controlados por el presidente Chávez.

"Estoy hablando del poder judicial, el poder legislativo, el poder electoral, instancias de gobernaciones y alcaldías. Estoy hablando de aquello con lo que la gente se encuentra como institucionalidad: hospitales, centros educativos, centros de atención social, policías, tribunales, todo eso ha sido desmontado. Como resultado, ha habido una gigantesca anarquía''.