Publicado el domingo 01 de febrero del 2009

Cuando el presidente venezolano Hugo Chávez llegó al poder el 2 de febrero de 1999, pocos imaginaron el extremo al que el teniente coronel que había liderado una fallida intentona golpista llevaría su revolución bolivariana una década después.

De una sociedad de múltiples partidos políticos, con poderes públicos relativamente independientes, aunque en medio de un ambiente general de descrédito de la dirigencia política, el presidente Chávez ha logrado concentrar el mayor poder en la historia democrática de Venezuela, un poder con frecuencia omnímodo que ahora trata de extender mediante un sistema de partido único y la legitimación de su reelección indefinida.

Al tiempo que sus seguidores lo proclaman como un mesías redentor que lleva a Venezuela hacia un utópico socialismo del siglo XXI, en el que los pobres serán los más beneficiados, sus detractores denuncian que el país es ahora un hervidero de violencia política con niveles de corrupción nunca vistos en los últimos 50 años, convirtiendo al país petrolero en una autocracia, con una sociedad radicalmente distinta de la que vio el ascenso de Chávez al poder en 1999.

"Chávez cambió el país para bien y para mal'', dijo el asesor político Alfredo Keller, quien ha documentado el impacto de los cambios políticos de la opinión pública venezolana durante 10 años de chavismo.

"Sin duda transformó la política y cómo la gente se relaciona con el poder, promoviendo un discurso de inclusión social y de participación popular, y aunque lo ha hecho de una forma incompetente, regido por un interés político personalista, sobre esas bases puede construirse algo muy positivo para el país'', indicó Keller.

Sin embargo, subrayó el experto, Chávez terminó promoviendo el clientelismo y el asistencialismo como en el pasado, "deteriorando la moral y todos los valores sociales'' e incentivando la "idolatría de la violencia'', que ha convertido a Venezuela en uno de los países más violentos y con menos libertad política y de expresión en el mundo.

En 10 años el gobierno chavista colocó en la agenda de prioridades a los sectores populares, la democracia participativa y los programas sociales, pero al mismo tiempo "ha ido asfixiando los espacios de libertad en la sociedad venezolana'', dijo el jesuita Arturo Peraza, director de la revista de análisis político SIC y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas.

Aunque el gobierno de Chávez "no se comporta como una dictadura clásica latinoamericana'' y "no se puede decir que sea sangrienta'', sostiene el padre Peraza, "funciona dentro de esquemas autoritarios que tienden a asfixiar los espacios de libertad de expresión y acceso a la información, a la criminalización de la protesta, hostigamiento a defensores de los derechos humanos y a la privación de libertad por razones políticas''.

Peraza dijo que el problema político más grave que Venezuela enfrenta es ‘‘la disolución del Estado'' y el "desmontaje de las instituciones y poderes públicos'', ahora controlados por el presidente Chávez.

"Estoy hablando del poder judicial, el poder legislativo, el poder electoral, instancias de gobernaciones y alcaldías. Estoy hablando de aquello con lo que la gente se encuentra como institucionalidad: hospitales, centros educativos, centros de atención social, policías, tribunales, todo eso ha sido desmontado. Como resultado, ha habido una gigantesca anarquía''.

A lo largo de una década, la revolución chavista desarrolló una estrategia de progresivo control de los poderes públicos como ningún otro gobierno de la era republicana.

Después de convocar una Asamblea Constituyente en 1999 que terminó modificando la Constitución de 1961, Chávez volvió a reelegirse y extendió el nuevo período de gobierno a seis años, con una reelección inmediata, que consiguió en el 2006.

En el 2002, después que su propia cúpula militar lo sacó brevemente del poder, inició un implacable proceso de cambios en la estructuras del poder público para lograr un estricto control sobre sus decisiones.

En el 2004 culminó el proceso de control sobre el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Mientras que los magistrados que disentían de la línea oficial fueron sacados del organismo, la Asamblea Nacional aprobó por mayoría simple la ampliación del número de miembros de 20 a 32, logrando nombrar magistrados afines que le proporcionaran una mayoría calificada.

"Desde el 2004 el TSJ no ha tomado una decisión contra el presidente Chávez ni ninguno de sus altos funcionarios'', dijo Tulio Alvarez, abogado constitucionalista y académico que ha escrito varios libros críticos del sistema judicial venezolano en la era chavista.

En el 2004, durante el proceso que culminó en el referendo revocatorio de ese año, varias pruebas pusieron de relieve los vínculos del gobierno con el Consejo Nacional Electoral (CNE), encargado de organizar la votación para decidir la suerte de Chávez a mitad de su primer período.

Entre las pruebas encontradas: el gobierno era accionista minoritario de la firma tecnológica Bizta, encargada del sistema electrónico de votación junto a la telefónica Cantv, también con una importante participación estatal, y la firma Smartmatic, con sede en Boca Ratón, Florida.

Chávez obtuvo el triunfo en una controversial votación, con la bendición de la Organización de los Estados Americanos y el Centro Carter, que asistieron como observadores, pese a los reclamos de fraude de la oposición.

Desde ese momento, el régimen comenzó un proceso de discriminación política sin precedentes contra todos los que votaron a favor de la revocatoria, alrededor de 4 millones de votantes.

La publicación de la lista de votantes antichavistas por el diputado oficialista Luis Tascón, en lo que se dio en llamar la Lista Tascón, sirvió de base para justificar desde despidos masivos en organismos públicos, como la petrolera estatal Pdvsa, y la prohibición expresa de prestar asistencia, hasta emplear personas incluidas en la lista.

"La discriminación por razones políticas ha sido una característica definitoria de la presidencia de Chávez'', indicó un reporte sobre la situación de los derechos humanos en 10 años de chavismo publicado el año pasado por la organización Human Rights Watch, con sede en Nueva York.

En diciembre del 2005 Chávez obtuvo el control mayoritario de la Asamblea Nacional en las elecciones parlamentarias gracias al abstencionismo electoral que promovió la oposición. Con este triunfo, Chávez tuvo en sus manos la posibilidad de nombrar autoridades favorables al gobierno en organismos teóricamente autónomos, como la Fiscalía y la Contraloría General, y la recién creada Defensoría del Pueblo, tres instancias clave para contrapesar el poder presidencial.

En el 2006, Chávez llegó al tope de su poder cuando los candidatos chavistas ganaron casi la totalidad de las gobernaciones del país, dejando apenas dos gobernaciones en manos de la oposición.

En el camino para establecer su proyecto revolucionario, Chávez tiene una importante lista de logros que analistas y críticos consideran positivos, principalmente el establecimiento de las misiones, programa de subsidios masivos para ofrecer a la población de escasos recursos atención médica, educación y alimentos baratos.

"Los programas sociales llegan a millones de personas no privilegiadas y operan a una fracción del costo eb comparación con otras partes'', escribió en un reciente artículo Steve Ellner, un académico de origen neoyorquino que enseña en la Universidad de Oriente y vive en Venezuela desde hace más de 30 años.

Ellner defendió además el papel de los 27,000 consejos comunales creados por iniciativa de Chávez en todo el país, "que diseñan y ejecutan sus propios proyectos de obras públicas con dinero del Estado''.

"Las misiones no han resuelto los problemas pero han sido un paliativo importante para los sectores populares'', coincidió el padre Arturo Peraza, que presta asesoría y acompañamiento a grupos y activistas comunitarios en sectores populares de Caracas. "Misiones como Mercal y Barrio Adentro han sido exitosas. Y un dato llamativo es que la oposición no ataca las misiones'', apuntó el sacerdote jesuita.

Pero paralelamente a estos éxitos, observó el profesor Ellner, "muchos venezolanos atraídos por el idealismo de Chávez, su retórica nacionalista y sus preocupaciones sociales, están molestos por algunos de los resultados concretos de su régimen'', principalmente la delincuencia, un tema criticado por el 80 por ciento de los venezolanos.

A medida que aumentaba el control de los poderes públicos, se fue hacienda más intensa la criminalización de la disidencia y la oposición, según expertos.

Numerosas denuncias tanto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos como en el Tribunal Penal Internacional de La Haya, en Holanda, han documentado la persecusión por razones políticas de civiles y militares, entre ellos una treintena de presos políticos cuyos juicios permanecen en el limbo judicial.

Los periodistas y medios de comunicación han sido una de las víctimas más frecuentes de la violencia política promovida directa o indirectamente por el gobierno.

"Aunque la Constitución garantiza la libertad de expresión, el clima de los medios de comunicación está permeado por la intimidación, en ocasiones con ataques físicos, y es común una fuerte retórica antimedios por parte del gobierno'', indicó un informe sobre el estado de las libertades en Venezuela dado a conocer a mediados de enero pasado por la Fundación Heritage de Washington.

Pero el futuro de Chávez y de la revolución bolivariana podría estar en duda debido a los efectos de la crisis económica.

Para Steve Ellner, "desde que asumió el poder en 1998, Chávez ha implementado medidas populares y radicales después de sus victorias electorales. Esta vez, sin embargo, su triunfo [en las elecciones regionales] fue menos que absoluto y ahora está sometido a restricciones financieras como consecuencia de la caída del precio del petróleo''.

"Toda la popularidad de Chávez depende de las misiones sociales, y con las restricciones de divisas y la caída de las finanzas públicas, le va a costar mucho mantener los subsidios'', indicó el analista Alfredo Keller.

"Está por verse qué tanto es capaz Chávez de mantener su popularidad con los precios del petróleo bajos'', puntualizó Keller.

ocasto@herald.com