Hace un año, el presidente Rafael Correa, tras acusar amargamente al gobierno de Alvaro Uribe de violar la soberanía nacional, decidió romper relaciones con Colombia. Era su airada respuesta tras el ataque militar de ese país contra la base clandestina de Angostura operadas por las narcoguerrillas comunistas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), dentro de territorio ecuatoriano, situada a unos escasos 1,800 metros de la frontera que separa a ambos países.

Uribe probablemente previó que Correa protestaría con gran energía, pero el objetivo de liquidar a Raúl Reyes, el segundo hombre de las FARC (o el primero, porque ya se sabía que Tirofijo estaba muy enfermo), era mucho más importante que la reacción del incómodo vecino, tan poco solidario con los esfuerzos bélicos de su gobierno.

Al fin y al cabo, desde el 2004 los colombianos habían elevado inútilmente dieciséis informes a la Comisión Binacional Para Asuntos Fronterizos, más otros seis a la cancillería ecuatoriana, denunciando la presencia de narcoguerrilleros comunistas de las FARC que actuaban desde Ecuador, sin poder frenar los continuos ataques de que eran víctimas.

Resultaba, pues, más sensato pedir perdón que pedir permiso, especialmente tras la experiencia de la incursión de las FARC contra la base militar colombiana de Teteyé, en el verano del 2005, saldada con decenas de soldados muertos y heridos, agresión efectuada por narcoguerrilleros provenientes de Ecuador bajo las órdenes de Raúl Reyes, extremo que el gobierno del entonces presidente ecuatoriano Alfredo Palacios negó enfáticamente contra toda evidencia.

Como escribiera recientemente D. Blasco Peñaherrera, ex vicepresidente de Ecuador, periodista y diplomático con gran prestigio internacional, a quien nadie podría acusar de ser antiecuatoriano: "Así las cosas [la multiplicidad de informaciones e indicios y la variedad de las fuentes que mostraban los vínculos entre miembros del gobierno de Correa y las narcoguerrillas], parece realmente imposible que se deje de relacionar a los funcionarios del gobierno nacional con las FARC. E inclusive, no faltará quien piense que el señor Presidente Uribe Vélez hizo bien en autorizar el bombardeo sin previo aviso y asumir el riego del estallido de soberanía que incendió Carondelet''.

En realidad, ese es el verdadero origen de las malas relaciones de Colombia con sus vecinos Ecuador y Venezuela: los vínculos ideológicos, políticos y los oscuros intereses económicos de esos gobiernos (o de muchos de sus funcionarios y militares) con las narcoguerrillas, como demostraron las computadoras de Reyes y hoy vuelve a comprobarse con las revelaciones de José Ignacio Chauvin, ex subsecretario del Interior del gobierno de Correa.

Mucho antes de que las fuerzas armadas colombianas atacaran el campamento de las FARC, los presidentes Correa y Hugo Chávez, incluso, habían lanzado la idea de concederles a las FARC la condición de "fuerza beligerante'', lo que hubiera legitimado la existencia y las acciones de estas bandas de asesinos, secuestradores y traficantes de drogas, colocándolas al mismo nivel legal del Estado colombiano.

Afortunadamente, la prudencia del gobierno brasilero hizo abortar esta peligrosa maniobra diplomática. Los gobiernos de Ecuador y Venezuela no sólo no están dispuestos a ayudar a Colombia en la lucha contra las narcoguerrillas (objetivo que supuestamente deberían respaldar a tenor de los tratados y acuerdos diplomáticos firmados por todos los países de la región), sino, en el mejor de los casos, les resulta absolutamente indiferente la suerte de los colombianos, y, en el peor, quisieran ver derrotado al gobierno de Uribe por las tropas de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y les irrita sobremanera que Estados Unidos le dé ayuda militar a Bogotá mediante el Plan Colombia, o la utilización del herbicida glifosato para tratar de erradicar los cultivos de coca, principal fuente de ingreso de estos verdaderos ejércitos subversivos.