Una y otra vez, Correa repite que el problema de la cocaína no es ecuatoriano, sino colombiano, y que el viejo drama de la violencia, los secuestros y los asesinatos de las FARC o del ELN no le atañen a su país y forman parte de la exclusiva responsabilidad del gobierno de Bogotá.

Algo tan disparatado como si Francia se convirtiera en santuario de los terroristas de la ETA vasca, y Sarkozy declarara que las actividades de esa banda armada no constituyen un asunto que les incumbe a los franceses.

Es verdad que los etarras se esconden en territorio galo, pero también que existe una leal colaboración entre los gobiernos de España y Francia para perseguirlos, capturarlos y llevarlos a juicio, porque los franceses entienden, con total sentido común, que lo que le interesa al país por su propia seguridad y para sostener sus libertades y forma de gobierno, es la existencia de una España en paz, próspera y democrática, con la cual tener las mejores relaciones posibles en todos los órdenes, para beneficio de ambas naciones.

¿De dónde ha sacado Correa que los problemas de Colombia no afectan a Ecuador? Tras la reciente matanza de indígenas awá a manos de las FARC (una tribu situada en ambos lados de la frontera entre Ecuador y Colombia), ¿no es obvio que el enemigo no es el gobierno de Colombia, sino estas bandas asesinas de narcotraficantes?

¿No es capaz de percibir Correa que el cultivo y tráfico ilegal de cocaína es un gravísimo flagelo internacional que atañe a todos los gobiernos responsables del mundo y puede estremecer y hasta destruir a los estados más contaminados, como hoy están descubriendo los mexicanos y ya sabían los colombianos?

¿Qué cree sucederá en Ecuador, un país institucionalmente débil, con muchos militares y funcionarios profundamente corrompidos o ideológicamente proclives al radicalismo antidemocrático, si las mafias de narcotraficantes se asientan firmemente en suelo ecuatoriano? ¿No le importa a Correa que Ecuador se transforme en un narcoestado?

Las FARC y el ELN no son movimientos subversivos limitados al perímetro de Colombia, sino fichas de un circuito político e ideológico mucho más amplio que se revitalizó dentro del llamado Foro de Sao Paulo tras el derribo del Muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría, y hoy se insertan en organismos como la Coordinadora Continental Bolivariana (reunida, por cierto, en Quito una semana antes del ataque al campamento de Raúl Reyes).

Por delirante que parezca, esos movimientos radicales aspiran a destruir los fundamentos republicanos sobre los que se asentaron nuestras naciones, para sustituirlos por un mundo dominado por el colectivismo en el terreno económico y por el caudillismo populista en el político, regímenes en los que los gobernantes no tienen límites y los individuos carecen de derechos.

Tal vez es útil que Colombia entienda que está sola en su batalla por defender las instituciones democráticas, apenas auxiliada por Estados Unidos, pero sin ninguna garantía de que esa colaboración pueda sostenerse por mucho más tiempo.

Las democracias latinoamericanas no tienen la menor tradición de practicar la solidaridad internacional con las naciones sojuzgadas o en peligro, como se demostrara con las largas tiranías de Paraguay, Nicaragua, República Dominicana y Cuba, donde el mismo gobierno dictatorial lleva medio siglo de ejercicio interrumpido, y hoy, en su crepúsculo, los países de nuestra estirpe parecen más interesados en ayudar a los Castro a sobrevivir que en socorrer a sus víctimas.

Tampoco es algo que debe asombrar a los colombianos. Ellos tampoco practicaron la solidaridad democrática internacional cuando pudieron y debieron hacerlo.

América Latina es así: veinte naciones que viven de espalda al dolor ajeno, y que ni siquiera son capaces de definir sus propios intereses e ideales comunes.

Por eso, entre otras razones, constituimos el rincón más pobre y triste de Occidente.