Como siguiendo un libreto con las recetas para establecer y consolidar un sistema comunista, el gobierno venezolano está arreciando las intervenciones a propiedades privadas, impulsando la creación de comunas de producción, y agudizando la lucha de clases atacando a los más importantes empresarios y banqueros de Venezuela con una fuerza inusitada.

La expropiación e intervención esta semana de una decena de haciendas y centros de producción agrícolas, varios de ellos propiedad de dos de las familias empresariales más poderosas del país petrolero, está marcando el inicio de una nueva fase de intevencionismo estatal, justo cuando el gobierno está por enfrentar la peor crisis económica en una década.

El jueves pasado, el propio presidente Chávez amenazó con expropiar el grupo de empresas Polar, perteneciente a la familia Mendoza, la segunda más rica de Venezuela, que controla un emporio de producción de alimentos de consumo masivo. Al mismo tiempo, amenazó con intervenir una Central Azucarera propiedad del grupo Cisneros, cuyo propietario es Gustavo Cisneros, que ostenta la mayor fortuna privada venezolana, según la revista Forbes.

El gobierno también mantiene bajo presión a importantes banqueros y entidades financieras, y mantiene intervenidas a algunas de las mayores aseguradoras privadas del país. Varios hombres de finanzas han sido víctimas de ataques criminales y legales.

El banquero Germán García Velutini, vicepresidente del Banco Venezolano de Crédito, uno de los más antiguos del país, fue recientemente secuestrado por grupos vinculados a la guerrilla colombiana, que durante el plagio utilizaron armas de fabricación rusa similares a las usada por los grupos guerrilleros, según informó la policía judicial venezolana.

Agencias de inteligencia norteamericanas han advertido de las vinculaciones del gobierno venezolanos con los subversivos colombianos.

El empresario y banquero Eligio Cedeño, ha sido mantenido en prisión por más dos años, un período superior al establecido por la ley, a pesar de que la fiscalía no ha sustentado las acusaciones en su contra. Según su abogado Richard Amsterdam, quien ha denunciado repetidamente el caso, Cedeño es mantenido en prisión porque representa una amenaza a la popularidad del presidente Chávez.

Otros tres banqueros, los hermanos Juan, Gabriel y Leopoldo Castillo, accionistas principales de Banvalor, son el centro de una investigación por parte de la Fiscalía por presuntas irregularidades en la adquisición de bonos de la deuda pública venezolana y de la petrolera estatal Pdvsa. Los hermanos Castillo han sido vinculados al líder opositor Henrique Capriles Radonsky.

En un discurso que según analistas exacerbó el enfrentamiento entre clases en Venezuela, el presidente Chávez ordenó recientemente una investigación nacional para determinar en cada estado del país el número de "oligarcas'', especialmente propietarios de medios de comunicación, dentro de una estrategia de "guerra mediática''.

Durante una alocución a la Asamblea Nacional el pasado viernes 27 de febrero, cuando se conmemoró el 20 aniversario del "Caracazo'', un día de saqueos multitudinarios que sacudió al país en febrero de 1989, Chávez criticó a quienes han venido advirtiendo de nuevos "caracazos'', negando que el país "palpita como una bomba''.

En sus palabras Chávez dijo que la oligarquía actúa "de manera irracional'', aunque "se ponga finas corbatas y vayan a peluquerías'', y advirtió que si se produce un estallido social, "ellos perderían mucho más''.