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Obama cierra el cerco a las drogas en la frontera

 
 

Oficiales estadounidenses de Seguridad Nacional custodian una mesa con paquetes de droga confiscada en la frontera estadounidense con México en Nogal (EEUU) hoy, 15 de abril de 2009, durante la visita de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Janet Napolitano, quien anunció el nombramiento del ex fiscal Alan Bersin como subsecretario de relaciones internacionales y representante especial para asuntos fronterizos. La secretaria se encuentra de gira como parte de la nueva estrategia de la Casa Blanca para mejorar la seguridad fronteriza y la cooperación con México.
Oficiales estadounidenses de Seguridad Nacional custodian una mesa con paquetes de droga confiscada en la frontera estadounidense con México en Nogal (EEUU) hoy, 15 de abril de 2009, durante la visita de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Janet Napolitano, quien anunció el nombramiento del ex fiscal Alan Bersin como subsecretario de relaciones internacionales y representante especial para asuntos fronterizos. La secretaria se encuentra de gira como parte de la nueva estrategia de la Casa Blanca para mejorar la seguridad fronteriza y la cooperación con México.
EFE

WASHINGTON

El presidente Barack Obama aumentó el miércoles los esfuerzos para detener el flujo de drogas y armas de fuego a través de la frontera con México, imponiendo sanciones financieras a tres de los carteles de droga mexicanos más violentos y amenazando con llevar a los tribunales a los estadounidenses que hagan negocios con ellos.

En la víspera de su encuentro en la Cumbre de las Américas con el presidente mexicano Felipe Calderón, Obama incluyó a tres carteles mexicanos de la droga a la lista de narcotraficantes extranjeros ilegales, medida que autoriza al gobierno federal a confiscar sus propiedades, que se estima ascienden a miles de millones de dólares, así como encausar penalmente a firmas o individuos estadounidenses que entreguen armas, laven dinero o transporten drogas o efectivo para esas organizaciones.

Al enfocarse en esos tres grupos --los carteles Sinaloa, Los Zetas y La Familia Michoacana-- el gobierno amplía su apoyo a las medidas enérgicas de Calderón contra los narcotraficantes, que han provocado violentas represalias por parte de éstos y conducido a decenas de miles de muertes en los últimos dos años.

El gobierno de Obama aceleró lo que normalmente demora mucho tiempo. El gobierno no identificó las propiedades de los tres carteles pero las autoridades estiman que entre $19,000 y $39,000 millones de la venta de drogas en Estados Unidos llegan a México anualmente.

México, por ejemplo, ha confiscado más de 35,000 armas de fuego a narcotraficantes desde diciembre del 2006 y ambos gobiernos afirman que el 90 por ciento procede de Estados Unidos.

La medida de detener un "río de armas de fuego'' hacia México ha enfrentado poderosos obstáculos, como los recursos limitados, el acceso relativamente fácil a las armas de fuego y la oposición política a normas más estrictas para su posesión.

Incluso si el suministro de armas de fuego desde Estados Unidos se interrumpiera, mientras continúe el flujo de dinero a los carteles pueden armarse comprando en otros países, como Europa Oriental o Centroamérica, donde hay grandes excedentes de armas de los conflictos armados de la década de 1980, según los analistas.

"Para los carteles es conveniente comprar en Arizona, Nuevo México, Texas y otros lugares'', expresó George Grayson, especialista en México del College of William & Mary y autor de la monografía Mexico's Struggles with Guns and Thugs. Pero detener el comercio en Estados Unidos apenas sería "una espina en el costado de los carteles''.

Desde el 2000, 78 narcotraficantes, tanto grupos como individuales, han sido incluidos por Washington en la lista negra, así como cerca de 500 que les han brindado apoyo.

Un funcionario del Departamento del Tesoro dijo que la Oficina de Control de Activos Extranjeros trabaja con otras entidades para identificar las propiedades de los carteles, pero describió una red mucho más amplia de responsabilidad potencial.

Toda persona que, a sabiendas, haga negocios con un representante de los carteles, o les ofrezca mercancías, servicios y otro apoyo, enfrentará penalidades, dijo el funcionario, que incluye a los lavadores de dinero, las compañías fachada y otros facilitadores.

Eso podría incluir a los bancos y otras instituciones financieras.

El Nuevo Herald

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