Jueza denuncia el oscuro mundo de la justicia chavista

 
 

La jueza venezolana Yuri L贸pez fue titular del Tribunal 5 de Control del 谩rea metropolitana de Caracas.
La jueza venezolana Yuri L贸pez fue titular del Tribunal 5 de Control del 谩rea metropolitana de Caracas.
C.M.Guerrero/ el Nuevo Herald

El Nuevo Herald

Cuando la jueza venezolana Yuri L贸pez recibi贸 un expediente en el 2007 que implicaba a un presunto enemigo del gobierno del presidente Hugo Ch谩vez, nunca anticip贸 que su decisi贸n de defender la autonom铆a judicial la obligar铆a a salir del pa铆s precipitadamente para garantizar su seguridad y la de su familia.

A mediados del a帽o pasado, el Departamento de Estado aprob贸 de forma expedita su caso de asilo por razones pol铆ticas y la jueza, quien fuera titular del Tribunal 5 de Control del 谩rea metropolitana de Caracas, se estableci贸 en Miami. En una entrevista con El Nuevo Herald, L贸pez revel贸 por primera vez un testimonio de primera mano que muestra una inusitada ventana al oscuro mundo de la justicia chavista.

"El sistema de justicia venezolano es una anarqu铆a y act煤a al margen de la constituci贸n y las leyes'', asegur贸 L贸pez. "Es lo que diga Ch谩vez, no hay autonom铆a ni de jueces ni de funcionarios judiciales en el pa铆s''.

L贸pez describi贸 c贸mo los jueces en Venezuela reciben constantes presiones, son amenazados abiertamente y se les intervienen sus tel茅fonos, como estrategias para obligarlos a tomar decisiones que favorezcan los intereses del gobierno.

La jueza asegur贸 que cuando se neg贸 a seguir instrucciones del despacho de un magistrado del circuito penal de Caracas, el m谩s importante del pa铆s, fue acosada por la Guardia Nacional, recibi贸 amenazas de despido, fue advertida de que su seguridad no estaba garantizada, y sufri贸 el intento de secuestro de su hijo de 11 a帽os.

Explicando los detalles de su caso, tal y como los expuso ante los funcionarios federales que analizaron su petici贸n de asilo, L贸pez narr贸 su odisea tras desafiar a altos jerarcas del chavismo al admitir una querella presentada por el empresario venezolano Eligio Cede帽o en contra de dos funcionarios de la Fiscal铆a General de la Rep煤blica.

Cede帽o, considerado en ese entonces como un enemigo personal del presidente Ch谩vez, es actualmente uno de los presos pol铆ticos m谩s prominentes del sector empresarial en Venezuela. Desde hace dos a帽os permanece detenido en una c谩rcel de alta seguridad acusado de presuntos delitos tributarios, de contrabando y de distracci贸n de recursos.

Sus abogados, sin embargo, aseguran que su detenci贸n obedece a que prest贸 apoyo al l铆der opositor Carlos Ortega, actualmente bajo asilo pol铆tico en Per煤.

La jueza L贸pez asegur贸 que cuando admiti贸 la querella por falso testimonio contra los dos fiscales, presentada por Cede帽o, "comenz贸 la guerra en mi contra''. Los fiscales demandados eran Gabriel Estagno y Jos茅 Gregorio Arreaza, a quienes Cede帽o acusaba de haber mentido bajo juramento en el caso que la fiscal铆a segu铆a en su contra.

L贸pez dijo que durante los tres d铆as previos a que tomara una decisi贸n, recibi贸 llamadas de abogados y altos funcionarios del Tribunal Supremo de Justicia y de la Fiscal铆a General, "haci茅ndome ver que se trataba del caso de un enemigo del gobierno''.

Afirm贸 que una alta funcionaria judicial le orden贸 expresamente "que me inhibiera, que me enfermara o que pidiera vacaciones'', para no tomar una decisi贸n que afectara a los fiscales denunciados.

El mismo d铆a en que recibi贸 el expediente, la funcionaria "me dej贸 el mensaje de que si quer铆a conservar mi cargo y por mi seguridad, deb铆a inhibirme de tomar una decisi贸n'', se帽al贸.

Poco tiempo despu茅s, uno de los funcionarios de la fiscal铆a acusados en la querella, 聭聭entr贸 violentamente al despacho para advertirme que iba a ser destituida, advirti茅ndome que no sab铆a con qui茅n me hab铆a metido''.

Cuando se neg贸 a atender las presiones, la obligaron a tomar vacaciones y un inspector de tribunales lleg贸 a su oficina para recusarla y sacarla formalmente del caso.

A partir de que acept贸 la demanda, comenzaron las llamadas telef贸nicas de amenaza, la persecuci贸n de los cuerpos de seguridad del Estado y un intento de secuestro de su hijo menor, denunci贸 la jueza.

"Unos desconocidos trataron de sacar a mi hijo de 11 a帽os de la escuela sin autorizaci贸n, afortunadamente llegu茅 a tiempo para evitar el secuestro'', dijo L贸pez en su testimonio.

El Nuevo Herald trat贸 de obtener una versi贸n de las denuncias tanto de la Fiscal铆a General como del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, bajo cuya autoridad est谩n las personas mencionadas, pero varios correos electr贸nicos y mensajes telef贸nicos no fueron devueltos.

Las denuncias de la jueza Yuri L贸pez coinciden con se帽alamientos hecho p煤blicos por importantes organismos independientes dentro y fuera de Venezuela.

La Conferencia Episcopal Venezolana expres贸 esta semana sus cr铆ticas a "la creciente arbitrariedad en la administraci贸n de justicia, en la que no se trata a las personas desde su condici贸n de ciudadanos, iguales ante la Ley, sino por su adhesi贸n ideologica o militancia pol铆tica''.

Seg煤n los obispos, "es inaceptable jur铆dica y 茅ticamente que no se siga el debido proceso, que se apliquen medidas diferentes seg煤n el grupo al que se pertenezca, que se difame y condene a las personas antes de ser juzgadas, que se sentencie basados en argumentos que no tienen relaci贸n directa con las acusaciones y se condene sin pruebas fehacientes, que se apliquen penas desproporcionadas que manifiestan retaliaci贸n pol铆tica''.

El m谩s reciente reporte de la organizaci贸n Human Rights Watch con sede en Nueva York, indic贸 que el gobierno chavista "irrespeta abiertamente el principio de la separaci贸n de poderes, y espec铆ficamente, la noci贸n de un sistema judicial independiente''.

Sectores de la oposici贸n denunciaron esta semana la completa politizaci贸n del juicio contra el l铆der opositor Manuel Rosales, quien ha solicitado asilo pol铆tico en Per煤.

Ismael Garc铆a, disidente chavista del partido Podemos, present贸 el domingo un documento en el que la jueza del caso Rosales, Reyna Morandi, fijaba su posici贸n condenatoria, incluso antes de tuviera lugar la audiencia preliminar.

En Venezuela el gobierno "est谩 encarcelando a quienes piensan distinto'' y "tenemos una justicia partidizada y politizada'', dijo el dirigente opositor Julio Borges, presidente del partido Primero Justicia. ocasto@herald.com

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