Cuando se negó a atender las presiones, la obligaron a tomar vacaciones y un inspector de tribunales llegó a su oficina para recusarla y sacarla formalmente del caso.

A partir de que aceptó la demanda, comenzaron las llamadas telefónicas de amenaza, la persecución de los cuerpos de seguridad del Estado y un intento de secuestro de su hijo menor, denunció la jueza.

"Unos desconocidos trataron de sacar a mi hijo de 11 años de la escuela sin autorización, afortunadamente llegué a tiempo para evitar el secuestro'', dijo López en su testimonio.

El Nuevo Herald trató de obtener una versión de las denuncias tanto de la Fiscalía General como del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, bajo cuya autoridad están las personas mencionadas, pero varios correos electrónicos y mensajes telefónicos no fueron devueltos.

Las denuncias de la jueza Yuri López coinciden con señalamientos hecho públicos por importantes organismos independientes dentro y fuera de Venezuela.

La Conferencia Episcopal Venezolana expresó esta semana sus críticas a "la creciente arbitrariedad en la administración de justicia, en la que no se trata a las personas desde su condición de ciudadanos, iguales ante la Ley, sino por su adhesión ideologica o militancia política''.

Según los obispos, "es inaceptable jurídica y éticamente que no se siga el debido proceso, que se apliquen medidas diferentes según el grupo al que se pertenezca, que se difame y condene a las personas antes de ser juzgadas, que se sentencie basados en argumentos que no tienen relación directa con las acusaciones y se condene sin pruebas fehacientes, que se apliquen penas desproporcionadas que manifiestan retaliación política''.

El más reciente reporte de la organización Human Rights Watch con sede en Nueva York, indicó que el gobierno chavista "irrespeta abiertamente el principio de la separación de poderes, y específicamente, la noción de un sistema judicial independiente''.

Sectores de la oposición denunciaron esta semana la completa politización del juicio contra el líder opositor Manuel Rosales, quien ha solicitado asilo político en Perú.

Ismael García, disidente chavista del partido Podemos, presentó el domingo un documento en el que la jueza del caso Rosales, Reyna Morandi, fijaba su posición condenatoria, incluso antes de tuviera lugar la audiencia preliminar.

En Venezuela el gobierno "está encarcelando a quienes piensan distinto'' y "tenemos una justicia partidizada y politizada'', dijo el dirigente opositor Julio Borges, presidente del partido Primero Justicia. ocasto@herald.com