El diputado chavista Darío Vivas, que organizó el pasado fin de semana varias jornadas de consultas en sectores populares de la capital, aseguró que "el soberano manifestó su respaldo al proyecto'' de transferencia de recursos de la Alcaldía Metropolitana, durante una entrevista por el canal oficial Venezolana de Televisión (VTV).

Vivas también enfatizó que ambas leyes están "ajustadas'' a la constitución venezolana, aunque no hizo referencia a la presunta violación a disposiciones legales y constitucionales previas.

La aprobación de la nueva ley generó reacciones críticas entre analistas.

Perkins Rocha, académico y ex magistrado venezolano, dijo a El Nuevo Herald que la ley de transferencia de recursos de la alcaldía metropolitana "es un arrebato por vía legal de las competencias que constitucionalmente le habían sido garantizadas''.

Rocha explicó que las leyes recientemente aprobadas por la Asamblea Nacional contradicen abiertamente una decisión de la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del año 2000, que estableció las competencias propias de la Alcaldía Metropolitana.

"Siendo un criterio de la sala constitucional, estos aspectos no podían ser modificados por ley'', dijo Rocha.

El politólogo y encuestador Alfredo Keller dijo que las leyes que afectan el poder del alcalde Ledezma son rechazadas en una alta proporción por los electores capitalinos.

"Aunque aún no tenemos mediciones recientes, mi experiencia en otros estudios sobre la descentralización me indica que hay un rechazo mayoritario a reducir la autonomía de los gobiernos locales'', precisó el experto.

Keller detalló que según una encuesta reciente conducida por su firma, el 74 por ciento de la población está en desacuerdo con los ataques del gobierno nacional contra gobernadores y alcaldes de oposición.

El alcalde Ledezma dijo que presentará ante el Tribunal Supremo de Justicia una segunda solicitud de nulidad en contra de esta ley temporal de transferencia de recursos. "Vamos a cumplir con la formalidad porque estoy moralmente obligado, pero ya sabemos cómo funciona aquí el sistema de justicia controlado por el gobierno'', puntualizó el dirigente opositor.