Un alto directivo de la multinacional minera Drummond de Estados Unidos se reunió con un líder paramilitar a fin de solicitar protección para sus operarios y pagar por ese servicio, declaró el ex cabecilla de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso, informó la Fiscalía General de Colombia.

En su versión libre ante fiscales colombianos en Washington, Mancuso identificó al directivo de Drummond solamente con el nombre de "Mr. Jean'' y aseguró que el funcionario se reunió con el cabecilla de las AUC Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40.

"Mancuso no dio detalles de tiempo, modo y lugar, pero dijo que la empresa pagó por la seguridad de sus operarios'', afirmó el vocero de la Fiscalía Alejandro Tibaduiza.

Tovar Pupo, quien fue extraditado a Estados Unidos el año pasado, fue vinculado en Colombia a la investigación de la muerte de Víctor Hugo Orcosita Amaya y Valmore Locarno Rodríguez, presidente y vicepresidente del sindicato de Drummond.

Una mujer que se identificó como representante de la oficina de relaciones públicas de Drummond en Alabama, donde funciona la sede principal de la empresa, dijo a El Nuevo Herald que la compañía se abstiene de hacer comentarios sobre la declaración de Mancuso.

La revelación del ex líder paramilitar desmovilizado se produce dos años después de que la multinacional Chiquita Brands International admitió haber pagado a las AUC por la protección de sus cultivos en una zona de Colombia. Con esa admisión y el pago de $25 millones en multas, la empresa evitó un juicio en Estados Unidos.

Drummond, que opera en Colombia una extensa planta de extracción de carbón, ha tenido que responder a graves cuestionamientos por sus supuestos vínculos con el paramilitarismo en los últimos siete años.

Familiares de los sindicalistas asesinados acudieron en 2002 a la justicia de Estados Unidos para reclamar una indemnización alegando que Drummond fue cómplice del doble homicidio, pero un tribunal de Alabama exoneró a la empresa del pago, una decisión que fue confirmada por la Corte de Apelaciones del Onceno Distrito de EEUU en enero de este año.

Los abogados de los familiares introdujeron en el caso el testimonio de Rafael García, ex jefe de informática del Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia (DAS) quien declaró que un alto ejecutivo de la empresa en Colombia habría pagado a paramilitares bajo el mando de Tovar Pupo para que cometieran el asesinato de los sindicalistas.

Mancuso, extraditado el año pasado por cargos de narcotráfico, está rindiendo testimonio en Washington como parte de su acuerdo de colaboración con el gobierno colombiano.