El uso de agentes policiales locales en Estados Unidos para localizar y detener a inmigrantes ilegales es ineficiente y pone en peligro su tarea de seguridad pública, según un informe y sondeo entre jefes policiales divulgado este miércoles.

"La mayoría de jefes policiales se inclinan por pensar que el coste de participar en el control migratorio, sin relación con actos criminales, sobrepasa los beneficios'', explicó el informe de la Fundación Policial, un centro independiente que regularmente emite informes sobre el estado de las fuerzas policiales en Estados Unidos.

"Debería prohibirse a los agentes policiales que arresten a personas simplemente para investigar su estatuto migratorio'' si no está relacionado con otro crimen, aconsejó el informe de la Fundación Policial.

Desde 1996, los 18.000 agentes policiales locales estadounidenses pueden colaborar con un programa federal denominado 287g, para controlar los papeles migratorios de cualquier sospechoso.

Unos 840 agentes han sido entrenados y certificados según el programa, supervisado directamente por el Departamento de Seguridad Interna.

De 54 jefes policiales que respondieron a un sondeo de la Fundación, más de la mitad (54%) consideró que los agentes a sus órdenes "no deberían ser responsables, ni siquiera parcialmente, de los controles migratorios'', mientras que un 24% respondió que sí.

Más de la mitad de 457 responsables policiales consultados en otro sondeo de la Fundación reconoce que los inmigrantes en general no colaboran con la policía cuando son víctimas o testigos de un crimen.

El informe pide que se reexamine los resultados del programa 287g, que según datos del Departamento de Seguridad Interior logró que se identificara en los últimos tres años a más de 70.000 ilegales.

"Las agencias federales tienen el personal, el entrenamiento, los equipos y sistemas para ocuparse de los controles migratorios. Si tienen deficiencias, deben resolverlo ellos, y no añadir más peso a las agencias locales, que bastantes problemas tienen'', declaró este miércoles en una audiencia en el Congreso el sherif de la localidad fronteriza de El Paso (sur), Richard Wiles.

Más de doce millones de extranjeros viven ilegalmente en Estados Unidos, según cálculos de distintas fuentes.