Salvatore Mancuso, el ex jefe del paramilitarismo en Colombia, ha confesado a la justicia de su país haber ordenado la muerte de 500 personas.

Muertes que en su momento justificó con la tesis de que su organización estaba en guerra contra los movimientos armados de izquierda que azotaban al país y la orden era asesinar a a quien se sospechara que colaboraba con ellos.

Con un simple guiño suyo fueron ejecutados decenas de civiles inocentes, líderes sindicales, activistas de derechos humanos, e investigadores de la justicia.

Hoy Mancuso está preso en una cárcel federal de Washington por cargos de narcotráfico, dispuesto a correr el velo de la historia siniestra de su organización ante fiscales colombianos que lo visitan regularmente.

A cambio de una posible reducción de su pena en Estados Unidos por colaboración con la justicia colombiana, Mancuso ha empezado a revelar los grados de complicidad de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) con cada uno de los políticos, oficiales de las fuerzas armadas y empresarios nacionales y extranjeros que apoyaron el ambicioso proyecto de la organización.

A través de Joaquín Pérez, su abogado en Estados Unidos, ha ofrecido al gobierno americano información de los supuestos vínculos de las AUC con multinacionales que pagaban por su seguridad, según un documento conocido por El Nuevo Herald.

CONFESION Y EXTRADICION Rabioso con el gobierno colombiano, el ex líder paramilitar denunció la semana pasada que con él, el gobierno del presidente Alvaro Uribe "extraditó la verdad''.

En una entrevista con la revista Cambio, Mancuso aseguró que su confesión ante fiscales de Colombia que lo interrogaban en Bogotá en medio de un acuerdo de cooperación con el gobierno (Ley de Justicia y Paz), fue interrumpida abruptamente por la orden de extradición de Uribe.

"La verdad importante la tenemos los comandantes'' afirmó Mancuso, "con nuestro envío a Estados Unidos extraditaron la verdad''.

"¿Qué verdades de las que ha dicho han quedado sin efecto?", preguntó Cambo.

"La convivencia de militares activos y en retiro, y de políticos importantes que hoy son candidatos presidenciales con las Autodefensas'', respondió.

En mayo del año pasado, Mancuso y otros 14 líderes de las AUC fueron extraditados a Estados Unidos para afrontar cargos por narcotráfico.

El presidente Uribe explicó que los paramilitares continuaban en actividades ilegales

Sin embargo, esta semana, el fiscal general de la nación, Mario Iguarán, declaró que ‘‘no ha encontrado elementos que soporten la extradición de los desmovilizados de las AUC''..

Con mapas en mano, Mancuso había señalado cementerios clandestinos donde enterraron a víctimas de masacres, entregó algunos nombres de militares que colaboraron en sus operaciones y citó a los caciques políticos regionales que fueron financiados por los fondos millonarios del paramilitarismo.

Pero cuando sus señalamientos empezaron a comprometer a políticos y funcionarios a nivel nacional, una ola de amenazas contra su familia lo desanimó no sólo a él sino a los demás líderes de las AUC para continuar con las acusaciones, dijo.

"Esa verdad preocupó a empresarios y dirigentes políticos y del sector gremial. Alguna presión hubo para que nos extraditaran a todos'', señaló Mancuso.

Las acciones de amenazas, la intimidación contra las familias de los paramilitares así como contra sus ex colaboradores que tienen información comprometedora en Colombia, continúa, según le comentó a El Nuevo Herald Iván Cepeda Castro, vocero del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado quien escuchó la denuncia del propio Mancuso durante una reunión que sostuvo con éste el mes pasado junto con senadores de Colombia.