A puerta cerrada y bajo el mayor sigilo, el Ministerio de Defensa de Colombia aprobó en noviembre del 2005 una directiva mediante la cual el gobierno le puso precio a la cabeza de comandantes, lugartenientes y cabos rasos de los grupos armados irregulares.

Apartir de esa fecha, de acuerdo con el documento obtenido por El Nuevo Herald, se pagarían millones de dólares en recompensas por "la captura o el abatimiento en combate'' de miembros de organizaciones al margen de la ley, así como por la incautación de armas, pertrechos y hasta caballos de la insurgencia.

El Gobierno colombiano sostiene que el programa secreto sirvió para la captura de altos mandos de las guerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Pero en un país bajo un sangriento conflicto civil y con uno de los índices de violencia más altos del mundo, están surgiendo testimonios e indicios de que la directiva podría haberse convertido en un fatal aliciente para algunos militares, que se dedicaron a matar civiles inocentes a fin de cobrar las recompensas, presentándolos como guerrilleros muertos en combate.

Estas ejecuciones, conocidas como "falsos positivos'', constituyen hoy el escándalo de violación de derechos humanos más escabroso de los últimos años en Colombia, un país ya agobiado por una prolongada y sangrienta guerra civil.

Según las estadísticas de la Fiscalía General de la Nación, este organismo investiga 1,855 asesinatos de civiles ajenos al conflicto que fueron interceptados, secuestrados y en algunos casos drogados por "reclutadores'', intermediarios de los militares.

Luego, según los testimonios aportados a los expedientes de la fiscalía, habrían sido ejecutados por miembros de las fuerzas armadas. Algunos de los muertos aparecieron con uniformes de las FARC intactos, sin agujeros de disparos.

La creciente cifra de falsos positivos ha provocado una alarma internacional.

Philipe Alston, relator especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, se encuentra esta semana en Bogotá recaudando testimonios y otras pruebas sobre la práctica que se extendió por casi todo el país.

Entre las víctimas se encuentran niños de 14 a 16 años, retrasados mentales, un indigente que trabajaba como mimo/estatua en el centro de la ciudad de Neiva, drogadictos y hasta un soldado del mismo ejército. En algunas de las casas de los ejecutados visitadas por El Nuevo Herald sus padres aún hoy exhiben los diplomas del servicio militar.

Aladino Ríos, un campesino del pueblo de Palestina, en el departamento del Huila, relató a El Nuevo Herald paso a paso cómo se salvó de haber sido ejecutado por sus captores, a quienes describió como un grupo de militares de la 9na. Brigada del ejército.

Ríos perdió sus testículos por una ráfaga que le dispararon los militares cuando escapaba.

En su casa de los cerros de Soacha, una populosa ciudad al sur de Bogotá, Blanca Nubia Monroy se llenó de rabia cuando contó a los reporteros de El Nuevo Herald cómo varios miembros de su familia habían dedicado su vida al ejército, incluyendo un hermano que fue muerto por la guerrilla.

"Todo esto para que ahora ese mismo ejército me entregue el cadáver de mi hijo con un reporte falso de que murió como guerrilero de las FARC'', dijo Monroy. "Le di un hermano a este país, lo mató la guerrilla, y ahora ellos me quitan, me matan un hijo sin razón''.