La presidenta de la Asamblea Nacional venezolana, Cilia Flores, ratificó el jueves que el proyecto de ley de delitos mediáticos no será discutido por el Parlamento debido a divergencias surgidas, lo cual confirma que la polémica propuesta queda por ahora enterrada.

"La ley que era propuesta por la fiscal del Ministerio Público no tuvo consenso y no es proyecto de ley que esté en nuestra agenda legislativa'', aseguró Flores en una declaración que reprodujo la Agencia France Presse.

La presidenta del Parlamento recalcó que muchos de los aspectos planteados en la propuesta de la fiscal ya están regulados en el Código Penal actual, donde se contempla el delito de injuria o calumnia.

"Lo importante es que se cumpla lo que ya está establecido en esa legislación. Ya esa ley existe, no es que nosotros estabamos inventando, o que la fiscal estaba inventando el agua tibia, ya existen regulaciones'', agregó Flores.

Flores también descartó, "de momento'', que ese organismo otorgue, por cuarta vez, poderes legislativos especiales al jefe del Estado, Hugo Chávez, quien recientemente señaló que podría solicitarlos.

"No está planteado en este momento'' aprobar una llamada ley habilitante para Chávez, declaró Flores a los periodistas en la sede de la Asamblea Nacional, de 167 miembros, casi todos afectos al gobierno "revolucionario''.

Chávez, que asumió el cargo de presidente de Venezuela por primera vez en febrero de 1999, ha pedido y obtenido poderes especiales en tres ocasiones, con los que decretó un total 125 leyes, entre ellas las que permitieron el proceso de nacionalización en el sector energético.

La primera "habilitante'' la obtuvo Chávez en 1999, cuando aprobó 50 decretos leyes; la segunda en el 2001 y le permitió decretar otras 49, y la tercera en el 2007, por 18 meses, al cabo de los cuales aprobó otros 26 decretos-ley, de acuerdo a los datos oficiales.

En cuanto a la ley de delitos mediáticos, la semana pasada, la fiscal general Luisa Ortega presentó una propuesta para aprobarla, donde se que prevé penas de hasta cuatro años de cárcel para quien publique una información "falsa'', "manipulada'' o "tergiversada'', que cause ‘‘perjuicio a los intereses del Estado'' o atente contra la "moral pública'' o la "salud mental''.

Esta propuesta provocó protestas e inquietud dentro y fuera de Venezuela y el martes, cuando estaba previsto que la comisión de medios de la Asamblea Nacional debatiera la propuesta, el proyecto pareció quedar enterrado.

El argumento presentado fueron las divergencias surgidas dentro de esta comisión y el hecho de que la fiscal no tiene potestad legislativa.

"Uno puede tener libertad de expresión y expresarse. Pero si uno con esa libertad de expresión incurre en estos delitos, la otra persona tiene todo el derecho de interponer ante los organismos correspondientes las demandas'', declaró Flores.

Según publicó el jueves el diario El Nacional sin citar sus fuentes, una reunión de urgencia celebrada el lunes en la noche en el palacio presidencial de Miraflores decidió que la propuesta "debía detenerse y el tema debía desaparecer ante la opinión pública''.

El diario afirmó que la fiscal "no consultó a nadie ni midió el efecto'' del proyecto que presentó ante la Asamblea Nacional, que pese a estar controlada por el oficialismo fue escenario de divisiones entre diputados.

Las protestas en Venezuela han sido frecuentes en estos días debido a esta polémica propuesta y a la salida del aire de 32 emisoras de radio y dos televisoras locales, que según el gobierno estaban usando su permiso de transmisión de forma ilegal.