La Policía Internacional (Interpol) giró órdenes de captura contra tres funcionarios del depuesto gobierno de Manuel Zelaya acusados de estafa, informó este martes un portavoz policial hondureño.

"Se ha recibido (de Interpol) la comunicación formal de orden de captura con difusión o alerta roja para los tres ex funcionarios, por estafa del edificio de la ENEE'', la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, dijo a la AFP el portavoz del ministerio hondureño de Seguridad, Orlin Cerrato.

Los ministros del gobierno depuesto Rebeca Santos (Finanzas), Rixi Moncada (de la ENEE) y Arístides Mejía (comisionado vicepresidente) fueron acusados por la Fiscalía de supuesta estafa en el alquiler del edificio de la empresa eléctrica.

Los tribunales entregaron las órdenes de captura a la policía hondureña que "documentó el caso y se envió a Interpol, a la sede central en Lyon'', Francia, "y se ha recibido la comunicación formal de que se emitió con difusión roja o alerta roja'', explicó Cerrato.

Según la acusación, en enero de 2009 Moncada, como ministra de la ENEE, alquiló un edificio por 18 millones de lempiras (cerca de un millón de dólares) anuales de alquiler, sin haberlo sometido a licitación el contrato, para las oficinas de la institución, superando el presupuesto asignado.

Mejía y Santos eran miembros del directorio de la Empresa que alquiló el edificio, situado en el este de la capital.

El 23 de julio los juzgados emitieron las órdenes de captura para los tres funcionarios del gobierno que fue depuesto en el golpe de Estado del 28 de junio.

Los tribunales también emitieron órdenes de captura para Santos, Enrique Flores Lanza (ministro de la Presidencia) y Jacobo Lagos (ex gerente de la estatal Empresa Hondureña de Telecomunicaciones, Hondutel), acusados de retirar 40 millones de lempiras (2.1 millones de dólares) del Banco Central de Honduras para promocionar la consulta que realizaría Zelaya.

El mandatario derrocado iba a llevar a cabo el domingo 28 de junio, cuando fue sacado del poder, una encuesta para que la ciudadanía decidiera si colocaba una urna adicional en las elecciones de noviembre para convocar a una asamblea constituyente.