El estudiante Julio César Rivas, que permanecía recluido en una cárcel para delincuentes de alta peligrosidad por protestar contra la Ley de Educación, fue liberado condicionalmente el lunes luego de que decenas de universitarios y presos políticos protagonizaran una huelga de hambre de cuatro días ante la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Caracas.

"Me siento comprometido con mi país, lo más importante es vencer el miedo''', dijo Rivas en una entrevista transmitida en vivo por el canal privado Globovisión.

Rivas, de 22 años, que se encontraba bien de salud, saldría directamente de la prisión en Yare, estado de Miranda, hacia la sede de la OEA, y deberá presentarse cada 30 días ante un tribunal, dijeron sus representantes legales Alfredo Romero y Gonzalo Himiob. El anuncio de la excarcelación provocó reacciones de júbilo y cautela.

"Libertad, libertad'', corearon centenares de personas congregadas el lunes por la tarde ante dicha sede donde permanecían en huelga de hambre alrededor de medio centenar de estudiantes.

Líderes estudiantiles acordaron continuar la protesta para exigir la presencia de enviados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), adscrita a la OEA, a fin de que se analice la situación de los derechos humanos.

"Uno de los objetivos de la huelga se cumplió al lograr la liberación de Rivas, pero mantendremos la protesta hasta lograr que una delegación de la CIDH visite el país'', dijo el dirigente estudiantil Miguel Pizarro, de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

La huelga también será continuada por un grupo de cinco presos políticos que se sumaron este domingo.

"Nosotros seguiremos si los estudiantes siguen'', dijo en un correo electrónico enviado a El Nuevo Herald el empresario Eligio Cedeño, que lleva dos años y medio detenido en El Helicoide, sede de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP).

Junto a Cedeño se sumaron a la huelga los ex oficiales policiales Lázaro Forero e Iván Simonovis, el ex funcionario de inteligencia Juan Guevara, y el periodista Leocenis García.

Rivas fue imputado el 7 de septiembre, luego de participar en una protesta dos semanas antes, por la presunta comisión de los delitos de instigación a delinquir, resistencia a la autoridad, excitación a la guerra civil y uso de arma genérica.

El caso generó críticas de expertos legales y líderes opositores, por las acusaciones consideradas como excesivas y dirigidas a criminalizar la protesta estudiantil y ciudadana.

El secretario general de la OEA declinó comentar a El Nuevo Herald sobre la exigencia de los estudiantes en huelga de que una commisión especial visite al país, informó Lucía Baracat, portavoz del organismo en Washington.

Por su parte, en un comunicado difundido anoche en Caracas, el Ministerio de Información venezolano calificó las acusaciones de persecusión contra el gobierno como "matrices de tratamiento injusto y ensañamiento'', y citó declaraciones de la Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, quien negó que exista "una presunta política del Estado para privar de libertad a las personas que ejercen su derecho a manifestar''.

En anteriores declaraciones, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, que ha sido cuestionada por ordenar el encarcelamiento de Rivas, negó que en el país se procese judicialmente a persona alguna sólo por manifestar.