Martorel negó que los cultivadores se conviertan en siervos de Philip Morris en virtud del dinero que la compañía recibe de los fondos públicos como lo manifiesta el senador.

"Eso es absolutamente falso'', dijo Martorel. "Si así fuera, los campesinos simplemente no contratarían con la compañía''.

Philip Morris domina casi en su totalidad la industria del tabaco en Colombia y compra "algo más de un tercio'' de las aproximadamente 11,800 mil hectáreas de tabaco que se siembran en Colombia, según Martorel. En la mayor parte de las regiones del país que producen la hoja, la firma es la única compradora. Para los campesinos que cultivan tabaco, cuyas condiciones de vida están en la categoría de indigencia, la transnacional "es al mismo tiempo como el Estado, el cura y Dios'', explicó Robledo.

El crédito de subsidio le fue entregado a la firma Colombiana de Tabaco, propiedad de Philip Morris, y ha despertado reclamos como el de Robledo, pues, entre otros reparos, Colombia es signataria del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS), para el Control del Tabaco, que le impediría realizar operaciones de este tipo.

Carlos Rada Escobar, director del Instituto Nacional de Cancerología, declaró a El Nuevo Herald que considera "inadmisible'' el crédito de $5 millones a "una empresa multinacional y supermillonaria'' para cultivar en el país "un producto que mata''.

Rada Escobar explicó que el presupuesto anual del gobierno para apoyar la lucha contra el cáncer es de $30 millones que aporta el Ministerio de Hacienda.

Estudios del gobierno colombiano y de Naciones Unidas indican que más de 30 por ciento de los campesinos del país están sumidos en condiciones de indigencia extrema y 4 millones de ellos han sido expulsados de sus tierras por grupos armados ilegales como las guerrillas y los paramilitares así como por la propia fuerza pública.

La mayor parte de los desplazados del campo sobreviven de la mendicidad en las calles de las principales ciudades. En algunos casos, con tierra de ellos han sido reclamados créditos blandos y subsidios de AIS, como es el caso de la finca Las Pavas, del sur del departamento de Bolívar, de donde fueron expulsadas 120 familias campesinas.