En tela de juicio están las empresas que se autoaseguran en lugar de comprar cobertura a una aseguradora.

Los empleados en estos casos creen con frecuencia que están cubiertos por una compañía de seguro médico porque sus tarjetas tienen el nombre de tal o cual compañía, pero en realidad la empresa asume el riesgo y paga las reclamaciones, y la aseguradora simplemente administra el plan.

Es un negocio en crecimiento para muchas aseguradoras: dos terceras partes de los 20 millones de miembros de Aetna están autoasegurados, dijo el presidente ejecutivo de la empresa en una entrevista reciente en un canal de televisión por cable.

The Associated Press es una entidad autoasegurada en esta categoría.

Las empresas que ofrecen cobertura por lo general brindan prestaciones generosas, que están sujetas a normas federales. Esa cobertura incluye cuidados de maternidad, salud mental y prevención del cáncer de seno, por ejemplo, y sólo pueden negar cobertura a personas que ya padezcan de alguna enfermedad específica, en ciertas condiciones y durante períodos limitados. Aunque no se les exige legalmente cubrir a todos los empleados sin importar su historial clínico o estado de salud, la mayoría de estos planes ya lo hacen puesto que su objetivo es distribuir el riesgo en un grupo grande de personas.

No obstante, algunos legisladores sostienen que deben atenerse a los mismos estrictos requisitos que se impondrán a las aseguradoras con el nuevo sistema.

Rockefeller dijo que le preocupa que algunas ‘'manzanas podridas'' traten de reducir sus costos cobrando más a sus empleados. Por ejemplo, si un empleado tiene cáncer y alcanza el límite de cobertura de su compañía, esta podría interrumpir el pago del tratamiento. En comparación, el nuevo plan contempla prohibir a las compañías de seguro que establezcan semejantes límites.

Las empresas ya han pasado a los empleados aumentos en el costo de la cobertura, a medida que esos gastos han subido astronómicamente. En esta situación económica y alto desempleo, algunos analistas esperan que esa tendencia empeore.

"La capacidad de una empresa de aumentar los deducibles y copagos depende de la fuerza del mercado laboral'', expresó Paul Fronstin, del Instituto de Investigación de Beneficios para el Empleado. "En estos momentos las empresas están de fiesta porque el desempleo está en el 10 por ciento y pueden hacer lo que les venga en gana''.

Si las grandes empresas protegidas consiguen su objetivo, los empleados continuarán sujetos a esos cambios y reducciones.

"Ya son vulnerables en el sentido que las empresas deciden qué cubrir en el plan de beneficios, y si alguien tiene una enfermedad no cubierta, prácticamente no tiene recurso alguno. Eso no va a cambiar'', dijo Fronstin.

Organizaciones que representan a las grandes empresas --como la Business Roundtable, la Asociación Nacional de Fabricantes (NAM) y el American Benefits Council-- dijeron que sus miembros no están pidiendo un trato especial.

"Somos el grupo que ha hecho lo correcto año tras año. Si el objetivo es que todo el mundo tenga seguro, nosotros ya lo hacemos'', dijo Jeri Kubicki, de la NAM.

El Self-Insurance Institute of America Inc., que representa a empresas de menor envergadura que ofrecen cobertura médica a sus empleados, escribió esta semana al líder de la mayoría en el Senado, Harry Reid, argumentando que no deben modificar las normas de sus planes como parte del esfuerzo por ampliar la cobertura.

Hacer lo contrario, escribió Mike Ferguson, jefe del grupo, "resultaría, en el mejor de los casos, en un aumento de costos y la reducción de beneficios, y en el peor, obligaría a las empresas a eliminar sus planes por completo''.

El grupo de Ferguson ha gastado más de $600,000 durante los últimos dos años en actividades de cabildeo ante ante el Congreso y este año duplicó sus gastos al intensificar sus esfuerzos por resistirse a los nuevos requisitos. Los miembros importantes de la Coalición Nacional de Beneficios han gastado mucho más para influir en el Capitolio, como más de $20 millones de la Business Roundtable, más de $9.5 millones de la NAM y $1.6 millones del American Benefits Council.