Las tropas estadounidenses podrán utilizar seis bases militares colombianas, además de "otras unidades que sean necesarias para desarrollar operaciones conjuntas'', según el texto final del acuerdo entre Washington y Bogotá, al que tuvo acceso en exclusiva la revista Cambio.

"Colombia facilitará a Estados Unidos el acceso y utilización de las bases de tres comandos aéreos de combate, de dos bases de la Armada, del Centro de Instrucción y Entrenamiento del Ejército en Tolemaida y de otras unidades que sean necesarias para desarrollar operaciones conjuntas'', detalló el jueves esta publicación.

Entre las disposiciones del texto final del convenio, también se limita a 800 el número de soldados estadounidenses que pueden acceder y usar las bases colombianas, aunque dice que depende de las necesidades de las partes que aumente o disminuya el personal militar y de asesores.

De igual manera, "las condiciones y normas sobre el uso de las bases'' estarán supeditadas a las decisiones comunes que alcancen sobre el terreno los efectivos colombianos y estadounidenses.

Por otra parte, Cambio dice que el gobierno colombiano envió el texto del pacto militar al Consejo de Estado y señala que existe una ponencia para que el acuerdo pase por el Congreso ‘‘porque es necesaria una ley que apruebe la presencia de tropas extranjeras en el territorio nacional''.

Esta ponencia expone que a pesar de que el convenio "no plantea el tránsito de tropas hacia otro país, contempla la presencia de personal militar extranjero, lo mismo que de buques y aeronaves de guerra, algo que debe ser aprobado por una ley del Congreso''.

En el supuesto de que el texto tuviera que ser aprobado en el Congreso, se aplazaría el inicio de las operaciones estadounidenses en Colombia, vaticinó la revista.

Desde el inicio de las negociaciones, los países de la región manifestaron su preocupación por las consecuencias que el acuerdo entre Colombia y EEUU podría tener en la soberanía y en la seguridad del continente, desconfianza que cundió especialmente en los gobiernos de Venezuela, Ecuador, Bolivia y Brasil.

Por ello, se celebró a finales de agosto una reunión extraordinaria de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) en la ciudad argentina de Bariloche, donde el presidente colombiano, Alvaro Uribe, explicó los límites del pacto y escuchó las inquietudes de sus pares de la región.

La publicación sostiene que Uribe, "preocupado por las reservas que le expresaron otros mandatarios'', buscó argumentos jurídicos en la línea del Derecho Internacional Público y de las relaciones internacionales para justificar la necesidad de que Colombia y Estados Unidos enfrenten juntos el narcotráfico y el terrorismo.

Así, el texto final del convenio reza: "las partes acuerdan profundizar su colaboración en áreas como la interoperabilidad, la logística y el equipamiento, formación y capacitación e intercambio de inteligencia, con el fin de abordar las amenazas comunes a la paz, la libertad y l a democracia''.

El documento también dispone que las autoridades de Estados Unidos investigarán y juzgarán los delitos que pueda cometer el personal militar destacado en Colombia.