Manuel Junior Cortés, el secuestrado que logró sobrevivir a la masacre haciéndose el muerto, explicó a un canal RCN de Colombia desde el Hospital Militar de Caracas que sus captores insistían en supuestos vínculos de los vendedores de maní con los paramilitares colombianos, lo que estos negaron pese a las continuas torturas y golpizas.

La insistencia de Los Boliches coincide con los pronunciamientos del vicepresidente de Venezuela, Ramón Carrizalez, a pocas horas de la masacre, que los jóvenes asesinados eran paramilitares colombianos que se entrenaban en la zona para infiltrarse en Caracas y desestabilizar el país.

Carrizalez ha sido fuertemente criticado por su evidente afán de inculpar a las víctimas pero no de investigar a los autores de la masacre.

"Les pusieron el remoquete de paramilitares, pero no he visto un elemento de juicio objetivo y serio que nos lleve a tal convicción’’, explicó Pérez.

En caso que se tratara de personas que estuvieran delinquiendo, agregó Pérez, "en Venezuela no está establecida la pena de muerte, ni siquiera la Fuerza Armada está autorizada para masacrar’’.

El Nuevo Herald contactó por teléfono el viernes pasado al coronel de la GN en Táchira, Omar Ruiz, para pedirle su opinión sobre la investigación del asesinato de los vendedores ambulantes y las denuncias de corrupción en la Guardia Nacional. Tan pronto el periodista se identificó, Ruiz colgó el teléfono y no volvió a contestar.

Algunos de los familiares de las víctimas de la masacre niegan rotundamente vínculos con grupos paramilitares y consideran una "responsabilidad criminal’’ por parte del gobierno de Venezuela haber lanzado esta acusación basándose en que llevaban un estilo de vida que no correspondía con sus escasos ingresos.

"No ganábamos más de $15 diarios vendiendo paquetes de maní en los buses y compartíamos una casa entre todos'', dijo uno de los líderes de los vendedores.

Los familiares dijeron que no descartan que Los Boliches estuvieran buscando a dos vendedores de maní para ejecutarlos. Pero los jóvenes no estaban en el equipo el día del secuestro colectivo, agregaron, porque se habían involucrado en un grave problema en su barrio.

Según ellos, los dos vendedores, consumidores de droga y "buscapleitos’’, habían matado a cuchillo a un hombre de edad de un barrio de Chururú, Táchira. El hombre aparentemente era familiar de un guerrillero del ELN, dijeron.

A raíz de las denuncias del vicepresidente venezolano, varios de los familiares de las víctimas de la masacre tuvieron que abandonar sus casas y negocios en el Táchira y se niegan a volver porque temen atentados de quienes siguen pensando que son paramilitares colombianos.

"Nos matan a los hijos, los condenan sin podernos defender. Tuvimos que amenazar con tumbar la puerta de la morgue para que nos entregaran los cuerpos'', afirmó el padre de uno de los jóvenes ejecutados. "Ahora no tenemos ni trabajo ni hijos ni tranquilidad’’.