El disidente cubano Ariel Sigler Amaya era un hombre fornido, aún con la estampa del boxeador de pesos pesados que fue en su juventud. Seis años después de su arresto el 18 de marzo del 2003, está parapléjico, confinado a una silla de ruedas mientras trata de superar las secuelas de una polineuropatía agresiva que adquirió en la cárcel y que puso en peligro su vida.

Sigler, de 46 años, líder del movimiento Opción Alternativa en la provincia de Matanzas, es uno de los 53 prisioneros de la Primavera Negra del 2003 que permanecen tras las rejas. La ola represiva llevó a la cárcel a 75 disidentes, activistas de derechos humanos, bibliotecarios y periodistas independientes, condenados de manera sumaria a penas entre seis y 28 años de cárcel.

Como la mayoría de los involucrados en la Causa de los 75, Sigler fue encausado bajo la Ley de Ley de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, instaurada en 1999 para sancionar "acciones que en concordancia con los intereses imperialistas persiguen subvertir el orden interno de la nación y destruir su sistema político''.

Actualmente recibe tratamiento de rehabilitación en el hospital Julio Díaz, en las afueras de La Habana, bajo custodia policial. La mejoría es muy lenta y atraviesa etapas en que su condición empeora. Familiares, grupos de derechos humanos y organismos internacionales han solicitado infructuosamente que se le conceda una licencia extrapenal por razones humanitarias.

"El caso de Ariel Sigler Amaya siempre lo ponemos por delante, porque es un caso de máxima gravedad entre todos los presos políticos, pero una cosa es la lógica humanitaria y otra lo que decide este gobierno'', explicó Laura Pollán, líder del movimiento cívico Damas de Blanco. "La crueldad llega aquí al punto de que no quieren soltar a nadie que no esté en un estado presentable, por miedo a que dé una mala imagen del sistema penitenciario''.

Pollán está casada con Héctor Maseda Gutiérrez, otro miembro de la Causa de los 75 que cumple 20 años de prisión en la cárcel de Agüica, en Matanzas.

Las autoridades han sugerido a los familiares que cuando Sigler rebase la parálisis y pueda dar algunos pasos podrá considerarse su liberación, en tácita referencia a que no será excarcelado en silla de ruedas.

Aunque en Cuba hay una población penal que supera los 200 presos políticos, la Causa de los 75 ganó notoriedad por la feroz embestida gubernamental y las desmesuradas condenas impuestas a opositores pacíficos, entre ellos reconocidas figuras intelectuales, médicos y otros profesionales. La repulsa internacional generó un clima de descrédito para el régimen cubano y provocó incluso escisiones dolorosas dentro de sus tradicionales seguidores de la izquierda.

"Es atroz que casi siete años después de ser sometidos a juicios farsescos, 53 personas siguen en la cárcel por haber ejercitado sus derechos fundamentales'', opinó José Miguel Vivanco, director de la división hemisférica de Human Rights Watch (HRW), con sede en Washington, D.C. ‘‘Siempre que la comunidad internacional siga dividida en sus políticas respecto a Cuba, el gobierno de Raúl Castro seguirá dejando a estos prisioneros pudrirse en prisión''.

Organizaciones como HRW, Amnistía Internacional y la Cruz Roja Internacional, así como otras entidades profesionales y cívicas han desplegado intensas gestiones en estos años a fin de lograr una amnistía para los 75, alertando con particular énfasis en los casos de presos enfermos y de edad avanzada.