Cuando el automóvil en el que lo llevaban a una supuesta fiesta con muchachas de Medellín se detuvo en una de las colinas de la ciudad colombiana, el hombre del asiento trasero le puso un arma en la cabeza y le dijo que había llegado el momento de pagar la deuda.

"Mari.. lo que uno hace aquí, aquí lo paga'', exclamó el jefe de la banda.

Así comenzó una pesadilla que mantuvo entre la vida y la muerte durante 48 horas de secuestro a Luis Angel Ortiz, agente de la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos que había infiltrado una organización de narcotraficantes colombianos.

Ortiz se salvó de ser ejecutado cuando, en un inesperado desenlace de pasajes cantinflescos, los captores descubrieron que se trataba de un agente antinarcóticos de Estados Unidos, entraron en pánico y terminaron ofreciéndole toda clase de disculpas y entregándole un arma mientras le rogaban que no los fuese a acusar, según un reporte del Buró Federal de Investigaciones (FBI) obtenido por El Nuevo Herald.

El increíble drama que vivió Ortiz en diciembre del 2005 se mantuvo en secreto, pero El Nuevo Herald tuvo acceso a documentos de la corte federal de Puerto Rico.

Los documentos son parte de una acusación anulada contra el colombiano Byron Jiménez Castañeda, quien fue señalado de haber actuado como "juez'' de los secuestradores para definir si le perdonaban la vida a Ortiz.

Los cargos fueron retirados luego de que Manuel Hernández, abogado de Jiménez, demostró que su cliente no era la persona a la que el gobierno estaba buscando. Hernández declinó hacer comentarios sobre el caso.

Basándose en un reporte del FBI con las declaraciones de Ortiz y audiencias del proceso en San Juan, El Nuevo Herald reconstruyó la bitácora de este extraño secuestro que hubiera podido terminar en un fiasco internacional para Colombia.

Ortiz, nacido en Puerto Rico, y quien trabaja en el ICE desde el 2001, había infiltrado la organización del narcotraficante Luis Albeiro Peña Peña.

A mediados del 2005 Peña y Ortiz se reunieron en San Juan para coordinar el envío de 217 kilos de cocaína, que semanas después fueron despachados en un bote desde Venezuela a la isla Saint Maarten en el Caribe.

La droga fue confiscada. Peña pensaba que Ortiz había sido uno de los responsables del fiasco y le exigió pagar al menos $80,000 para cubrir algunos costos del embarque.

En su papel de falso narcotraficante, Ortiz se mantuvo en que no era responsable de la caída de la droga y ofreció $8,000 que correspondían a los honorarios del capitán de la embarcación. Peña no parecía convencido.

Sin haberse resuelto la disputa, Ortiz viajó el 10 de diciembre desde San Juan a Medellín, haciendo escala en Panamá, para visitar a una amiga con quien tenía una relación "no esencialmente sexual'', según declaró al FBI.

La legalidad de esta visita fue motivo de interrogantes de Hernández, quien no obtuvo respuesta de un agente del FBI cuando le preguntó si Ortiz podría haber infringido algún reglamento al viajar de vacaciones a la ciudad donde justamente vivían algunos miembros de la banda que infiltró.

El Nuevo Herald envió un cuestionario a la oficina del ICE, que incluyó una pregunta sobre si el agente Ortiz continuaba activo en ese organismo. El portavoz de la oficina regional, Iván Ortiz, respondió que la entidad no está en capacidad de ofrecer información adicional.