Las declaraciones de líderes paramilitares en Estados Unidos han puesto en situaciones muy incómodas al gobierno de Colombia, pero a medida que se conocen nuevos señalamientos estos caen en el vacío y las reacciones son menos candentes que las anteriores.

Esa fue la suerte que corrió la denuncia lanzada a fines de noviembre por el ex comandante paramilitar Miguel Angel Mejía Múnera, alias El Mellizo.

Según Mejía, el asesinato de Vicente Castaño, jefe máximo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), "fue prácticamente ordenado desde la Casa de Nariño [sede de la presidencia]’’.

En un video de la audiencia el 29 de octubre al que tuvo acceso El Nuevo Herald, Mejía explicó que Castaño fue eliminado porque sabía mucho de políticos, militares y policías que lo visitaban en su finca El Oasis, de la zona de Urabá, en el noroccidente de Colombia.

"Vicente era un tipo que se reunía con todos los políticos del país, tenían que callarlo, por eso él muere’’, afirmó Mejía.

Ante la gravedad de la acusación poco comentada en Colombia, la fiscal de Bogotá que tomaba la declaración en Washington, le pidió explicar en qué se basaba.

En su tono campesino, Mejía respondió que se lo había contado el hombre de confianza de Castaño, "un tal Pepe’’ que se entregó a la justicia de Estados Unidos. Luego de un receso, Mejía identificó a Pepe como Byron Jiménez.

¿Quién es el tal Pepe y cuánto realmente sabe?

Según los archivos electrónicos del sistema judicial de Estados Unidos, Byron Jiménez Castañeda, alias Gordo Pepe, se declaró culpable de importación de cocaína y fue condenado a 10 años de prisión a fines de noviembre en la corte federal de Miami.

Pero esta condena es sólo el más reciente capítulo del giro turbulento que ha dado la vida de un hombre que, de ser un desconocido cargamaletas de un poderoso narcoparamilitar, se convirtió en un testigo clave, no sólo para dilucidar el asesinato de Castaño sino para conocer los nombres de los personajes que lo visitaban en la famosa finca de Urabá.

El abogado de Jiménez en Miami, Humberto Domínguez, aseguró a El Nuevo Herald que su cliente nunca dijo que la muerte de Castaño había sido ordenada desde la presidencia de Colombia.

"Eso es falso, es todo lo que puedo decir'', subrayó.

Domínguez no respondió a una solicitud de El Nuevo Herald para entrevistar directamente a Jiménez.

En su declaración a la fiscal colombiana, Mejía, quien afronta cargos de narcotráfico en una corte de Estados Unidos, afirmó que la versión de la muerte de Castaño se la había confirmado Antonio López, alias Job, un ex miembro desmovilizado de las AUC.

Pero López está muerto. Fue asesinado luego de reunirse en la Casa de Nariño con el secretario jurídico y el vocero de la Presidencia.

La visita de López en abril del 2008, que desató uno de los mayores escándalos del gobierno del presidente Alvaro Uribe, fue justificada por la presidencia argumentando que éste y un abogado de paramilitares que también acudió a la cita se habían presentado para denunciar un supuesto complot contra el mandatario auspiciado por el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Iván Velásquez.

De acuerdo con Mejía, el encargado de ejecutar la operación del asesinato de Castaño en marzo del 2007 fue Adolfo Pérez, alias Don Berna, poderoso cabecilla de las AUC que también está preso en Estados Unidos por narcotráfico. Pérez lo hizo, según Mejía, por encargo del gobierno colombiano, que le prometió a cambio no extraditarlo a Estados Unidos.