En casos separados, empresarios de Estados Unidos han sido acusados y otros se han declarado culpables de pagar sobornos a funcionarios de los gobiernos de Panamá y Haití en violación de la ley federal contra la corrupción.

Joel Esquenazi, empresario cubanoamericano de 53 años, que se destacó en los años 90 por impulsar empresas de comunicaciones de bajo costo para el mercado hispano de la Florida, fue uno de cinco acusados el lunes en Miami de pagar sobornos a funcionarios del gobierno de Haití.

Esquenazi, presidente de Telecom Consulting Services Corp, y el ex vicepresidente de la firma, Carlos Rodríguez, también de 53 años, fueron involucrados en los pagos y operaciones de lavado de dinero en un esquema de transferencias de más de $800,000 para pagar sobornos a funcionarios de la oficial Telecommunications D’Haiti (Haiti Teleco) a cambio de contratos y privilegios para su empresa, afirmó la acusación.

La misma ley federal anticorrupción se aplicó el mes pasado en Washington, D.C., al empresario estadounidense Charles Paul Edward Jumet por sobornar a directivos de la desaparecida Autoridad Portuaria Nacional de Panamá (APN). El caso podría afectar al ex presidente de ese país, Ernesto Pérez Balladares (1994-1999).

Jumet se declaró culpable de utilizar una red de sociedades que "camuflaron'' los sobornos como ganancias y acciones y en un caso como una contribución a una campaña de reelección inexistente.

Aunque la declaratoria de culpabilidad de Washington no menciona con nombres a los beneficiados de los sobornos, describe a uno de ellos --el funcionario C-- como un "muy alto funcionario del ejecutivo''.

A raíz de que las circunstancias y las fechas de los pagos apuntaban al gobierno de Pérez Balladares y debido a que su nombre había sido relacionado con el escándalo del contrato citado por la acusación, éste se vio forzado a negar cualquier participación suya y de funcionarios de su gobierno en el esquema de sobornos.

La acusación reveló que también recibieron pagos el administrador y el subadministrador de ANP, identificados como funcionarios A y B.

Según la prensa panameña, para la época de las maniobras (1997) Hugo Torrijos ocupaba el cargo de administrador y Rubén Reyna el de subadministrador de ANP. Ambos negaron los señalamientos. Torrijos, primo del ex presidente Martín Torrijos, aseguró que incluso colaboró con la justicia de Estados Unidos enviando "infinidad de documentos''.

Debido al pago de los sobornos, la firma Port Engineering Consultants Corporations (PECC), de la cual Jumet era presidente, obtuvo contratos de mantenimiento de la autoridad portuaria, afirmó la acusación.

Durante los hechos de los cuales se declaró culpable Jumet, que van desde 1997 hasta julio del 2003, PECC logró la adjudicación de un contrato por 20 años para recaudar tarifas de faros y boyas de navegación, realizar estudios de ingeniería y mantener las ayudas marítimas.

PECC contó con la asesoría de uno de los funcionarios sobornados para presentar una propuesta a fin de privatizar estos servicios. La propuesta fue aprobada.

En diciembre de 1997, uno de los cómplices de Jumet giró un cheque de $18,000 al funcionario C, $81,000 para el B y $27,000 para el A.

Otros pagos se hicieron en el 2003 y beneficiaron también a los familiares del funcionario B.

Jumet se declaró culpable además de perjurio por haber afirmado falsamente a autoridades federales de Estados Unidos que una suma de $18,000 que giró al funcionario C correspondía a una contribución para su campaña de reelección.

"Esta afirmación es falsa dado que el funcionario C no estaba aspirando a la reelección y el cheque fue entregado como un pago corrupto para recibir un contrato lucrativo del gobierno panameño'', afirmó la acusación aceptada por Jumet.

En su acuerdo de culpabilidad en la corte del distrito este de Virginia, Jumet se comprometió a cooperar con el gobierno con "más hechos detallados relacionados con este caso''.

A diferencia del caso de Panamá, los cargos por presuntos sobornos en Haití sí mencionan a los funcionarios comprometidos.

Se trata de Robert Antoine y Jean Rene Duperval, quienes ejercieron en diferentes épocas como directores de relaciones internacionales de Haiti Teleco, la empresa oficial de telecomunicaciones encargada de la adjudicación de contratos de telefonía celular.

Una hermana de Duperval, Marguerite Grandison, fue también acusada de actuar como intermediaria entre la entidad gubernamental y la sociedad que supuestamente pagaba los sobornos.