Vinculan con Cuba a magnate venezolano preso

 

greyes@elnuevoherald.com

El viernes 17 de octubre del 2008 a las 10 a.m. en el sector de Carrasquilla, Ciudad Panamá, una mujer que conducía un vehículo Mazda blanco fue interceptada por otra que le disparó 15 veces.

La mujer sobrevivió.

Ocho balas hicieron impacto en su cuerpo. Una entró por la sien y salió por el párpado dejándola ciega del ojo izquierdo.

El atentado se convirtió en un nuevo embrollo para la ya complicada vida pública del empresario venezolano Ricardo Fernández Barruecos, hoy preso en Caracas por fraude bancario.

La víctima era la esposa de Luis Castro, un ex consultor de seguridad de las empresas de Fernández en Panamá, quien se había marchado el año anterior por una serie de discrepancias con los propietarios y algunos directivos.

A los cuatro días del atentado, Castro se presentó en la fiscalía auxiliar de Panamá y pidió que fueran investigados Fernández, sus hermanos Felipe y Gustavo, y otros empleados y directivos de la empresa, según una declaración bajo juramento en poder de El Nuevo Herald.

Si bien la declaración de Castro no contiene un señalamiento definitivo que comprometa a Fernández ni a los demás en el atentado, el documento puso al descubierto aspectos inéditos y sorprendentes de la compañía así como de la personalidad y el pasado del empresario.

Entre ellos: las conexiones con el gobierno de Cuba, las tempestuosas relaciones con Pedro Luis Martín Olivares, un oscuro ex funcionario de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención de Venezuela (DISIP) y las tensas rencillas familiares de los Fernández Barruecos.

En numerosas entrevistas, Castro, quien ahora reside en Miami, amplió a El Nuevo Herald las impresiones que recogió durante su corto paso por la firma atunera Fextún en Panamá, controlada por Fernández, un empresario venezolano-español de 44 años que trató siempre de mantener un perfil discretísimo de su vida y sus negocios.

Fextún es sólo una de más de 200 empresas del grupo empresarial de Fernández. Hasta el mes pasado, cuando fue detenido en Venezuela y sus propiedades intervenidas, Fernández era uno de los hombres más ricos de América Latina. En el 2005 su fortuna fue calculada en $1,600 millones.

Dueño de un emporio agroindustrial integrado por la compañía pesquera más grande del Pacífico Sur; inversiones en Panamá, Costa Rica, Colombia y Ecuador; una flota de buques tanqueros, un astillero en Panamá con 1,200 empleados, y últimamente cuatro bancos con sede en Caracas, Fernández logró amasar gran parte de este fortuna durante el gobierno del presidente Hugo Chávez.

Castro dijo que supo de las conexiones de Fernández con Cuba a raíz de una conversación informal en la oficina de éste en Panamá. Estaban también presentes Luis Javier Magallanes y Arturo Rodríguez, empleados de seguridad de la organización en Venezuela.

Magallanes cometió la imprudencia de preguntar por 28 vehículos marca BMW que habían sido enviados a Cuba desde un puerto venezolano, recordó Castro.

"Fernández lo miró como diciéndole: ‘¿Y cómo es que este estúpido se atreve a tocar este tema'', comentó Castro.

Visiblemente incómodo, Fernández explicó que los automóviles fueron enviados para congraciarse con el gobierno cubano, agregó Castro.

Agregó que Fernández tenía una buena relación con el gobernante Raúl Castro. Cuando Fidel muriera y Raúl tuviera el control absoluto del poder, Fernández esperaba "tomar ventaja en la compra de algunas empresas quebradas en Cuba a las cuales le inyectarían dinero para reflotarlas'', explicó Castro.

Otra fuente que trabajó en la organización de Fernández y que pidió no ser identificada por razones de seguridad, dijo a El Nuevo Herald que el obsequio de los automóviles a funcionarios cubanos fue un gesto de Fernández en compensación por su atraso en el cumplimiento de una misión que le había asignado su amigo Chávez.

La misión consistía en cooperar con Cuba en un plan de recuperación económica.

Según la fuente, Fernández parecía más interesado en el futuro que en el presente de Cuba y sus continuos viajes a la isla y reuniones con el entonces canciller Felipe Pérez Roque buscaban allanar el camino "para ser el primero'' a la hora en que se desintegrara el régimen comunista.

El gobierno cubano anunció en marzo de este año la destitución de Pérez Roque en medio de una purga política que incluyó al vicepresidente Carlos Lage y a otras altas figuras de la nomenclatura castrista. Antonio Guerrero, abogado de Fernández en Venezuela, dijo a El Nuevo Herald que desconoce los detalles de la declaración de Castro en Panamá, pero explicó que están surgiendo toda clase de versiones para hundir injustamente a su cliente, ya sea mostrándolo como un enemigo soterrado de Chávez o como un estafador.

"Vamos a demostrar que Ricardo es inocente de todo lo que le atribuyen y que la Superintendencia de Bancos manipuló la información'', afirmó Guerrero, aludiendo a la investigación que realizó ese organismo por supuestos autopréstamos millonarios de los bancos de Fernández.

Cuando fue contratado en septiembre del 2007, Castro se desempeñaba como consultor de seguridad de empresas y mantenía estrechos lazos con funcionarios federales de Estados Unidos por diversas operaciones conjuntas que realizó en Venezuela en su calidad de especialista en el área de terminales marítimas y aéreas.

La gerencia de Fextún asignó a Castro, un ex detective de 43 años, la seguridad de la compañía para evitar que los buques atuneros fueran usados para trasiego de drogas o personas. Su esposa fue contratada como asistente de la gerencia.

Pero quizás en lo que sus nuevos patronos le hicieron mayor hincapié fue en investigar los movimientos de Martín, ex director de inteligencia financiera de la DISIP.

Martín y Fernández habían tenido un altercado por un negocio cuyos detalles Castro ignora. Aparentemente, Fernández le debía dinero a Martín, dijo.

Fernández pensaba que Martín estaba empeñado en arruinar su reputación. Para ello utilizaba su poder en los organismos de inteligencia de Venezuela y el acceso que tenía a un agente del Buró de Investigaciones (FBI) en la embajada de Estados Unidos en Caracas.

También sospechaba que Martín había pasado información falsa al gobierno de Estados Unidos sobre una supuesta utilización del avión ejecutivo de su propiedad para introducir drogas a este país.

Agentes de la Administración Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA) confiscaron el avión en mayo del 2007 en Fort Lauderdale.

Investigaciones posteriores realizadas por consultores de Fernández hallaron que el plan original de sus enemigos era plantar droga en el avión. El ardid no resultó porque la aeronave no hizo escala en la ciudad venezolana donde se le cargarían dos kilos de cocaína.

Un año después del incidente en el aeropuerto de Fort Lauderdale, Fernández debió pagar una multa de $1 millón y fue obligado a vender el avión por irregularidades administrativas relacionadas con su matrícula.

El arreglo con el gobierno no contenía ninguna cláusula que comprometiera a Fernández en narcotráfico.

Con el paso del tiempo, Castro entendió las dimensiones de la guerra que supuestamente libraba Martín contra Fernández. En un viaje a la planta Propesca, empresa del conglomerado en Manta, Ecuador, se enteró de nuevos detalles.

Allí, recordó Castro, recibió un dossier que había sido interceptado a Martín y que se refería a actividades presuntamente ilegales de Fernández.

Castro mostró a El Nuevo Herald el expediente que presuntamente Martín preparaba para desacreditar a Fernández.

Entre los documentos, Martín informa de una supuesta investigación por lavado de dinero de las empresas de Fernández a través de la compraventa de bonos de deuda pública (conocidos como Bonos del Sur) y de la estatal petrolera PDVSA; hay registros migratorios de Fernández desde 1974 hasta el 2007 y tarjetas de identificación dactilar.

El Nuevo Herald intentó obtener comentarios de Martín, pero en Venezuela ex funcionarios de inteligencia informaron que sus números telefónicos, los cuales están cambiando a menudo, son extremadamente difíciles de conseguir.

"Cuando uno menciona a los amigos el nombre de Martín por teléfono, ellos se hacen como si estuvieran sordos: ‘¿Quién? No te oigo bien', dicen. Es un hombre del que nadie quiere hablar'', comentó un ex funcionario de la DISIP.

Otro de los objetivos de la investigación encomendada a Castro fue Hugo Carvajal, jefe de los servicios de inteligencia del ejército venezolano y un hombre de acceso directo a Chávez.

Fernández pensaba que Carvajal, por su amistad con Martín, también quería hacerle daño, sostuvo Castro.

En septiembre del año pasado, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, designó a Carvajal como un colaborador del terrorismo internacional, al afirmar que auxilió a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) protegiendo cargamentos de drogas y suministrándoles armas para que mantuvieran el control militar del departamento colombiano de Arauca, en la frontera oriental con Venezuela.

El tercer personaje en la mira de Fernández, por su asociación con los dos anteriores, era el ex ministro de Interior y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín, explicó Castro. Rodríguez también fue designado por OFAC como cooperador de las FARC.

"A mí me pusieron a investigar las relaciones de Martín Olivares y Hugo Carvajal, las operaciones en Panamá, y si ellos estaban teniendo entradas a Colombia o Ecuador'', indicó Castro.

En medio de su trabajo de identificar las fallas de seguridad de las empresas y al mismo tiempo investigar a los enemigos y competidores de Fernández, Castro empezó a percibir actitudes de desconfianza hacia él, recordó.

Tanto el abogado de la organización, José Gregorio Camacho Uzcátegui, como el socio de la atunera, el costarricense Manuel Pérez Pazos, estaban bajo la impresión de que Castro había sido la fuente de un artículo periodístico publicado en Ecuador sobre las inversiones del grupo en ese país. Castro lo negó.

También pensaban que Castro estaba detrás de informaciones relacionadas con la financiación de Fernández de la campaña de la candidata presidencial panameña Balbina Herrera este año.

Días después, el asunto fue más delicado: Bernardo, uno de los hermanos de Fernández, le hizo saber a Castro, a través de otros ejecutivos de la organización, que se habían enterado de que estaba ofreciendo para la venta información del conglomerado empresarial al gobierno de Estados Unidos, según la declaración de Castro ante la fiscalía panameña.

De acuerdo con esa versión, Castro había ofrecido la información a un agente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), de apellido Stuart, que trabajaba en la embajada de Estados Unidos en Panamá.

"Todo esto era falso y absurdo'', comentó Castro. "¿Cómo voy a poner yo en riesgo un empleo por el cual recibíamos entre los dos, mi esposa y yo, $10,000 mensuales, carro y apartamento con vista al mar, viáticos y pasajes? Hay que ser bien bruto'', agregó.

En abril del 2008, indignado con la acusación, recordó Castro, se dirigió a la sede de las oficinas de la empresa en el edificio Dressner de ciudad de Panamá y recogió sus cosas.

"Sospechaba de una conspiración interna para lograr mi salida'', declaró Castro a la fiscalía.

Ante la sorpresa de quienes seguían de cerca la batalla, Fernández se reconcilió con Martín un año después por sugerencia de Chávez, según una fuente familiarizada con Fernández.

Castro aseguró que días antes del atentado a su esposa, había sido perseguido por tres automóviles diferentes y que recibió amenazas desde el correo electrónico yonosetusisabes@yahoo.com.

El autor anónimo de los mensajes citó ciudades específicas donde vivían familiares de Castro en Venezuela y le advirtió: "No sólo en Cuba y Venezuela existe el G-2, [servicios de inteligencia cubana], también en Panamá''.

En vista de esta situación, Castro dijo que radicó una declaración en la notaría cuarta de Panamá, responsabilizando de cualquier cosa que le ocurriera a él o a su familia a los hermanos Fernández y a directivos y empleados de la compañía.

"El atentado iba a ser perpetrado contra mí pero al no encontrarme yo en la ciudad de Panamá por cumplir compromisos en los Estados Unidos, dieron la orden de actuar en contra de mi familia'', declaró Castro, según una copia de su testimonio obtenida por El Nuevo Herald.

Castro sostuvo que los directivos de la empresa buscaban excusas para sacarlo debido a que manejaba mucha información y para que no tuviera acceso "a información más sensitiva''.

La investigación en Panamá por el atentado contra su esposa continúa abierta. Las autoridades identificaron a la mujer que disparó como miembro de la banda Matar o Morir, del barrio Cruz Blanca, sector Curundú, en Ciudad Panamá.

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