El hito que marcó la multiplicación del capital de empresario Ricardo Fernández Barruecos, hoy preso en Venezuela, fue el paro general patronal de finales del 2002 y principios del 2003.

Acorralado por comerciantes, industriales y directivos petroleros que prácticamente paralizaron al país, el gobierno del presidente Hugo Chávez superó parcialmente la crisis con la ayuda de empresarios y banqueros opuestos al paro que pusieron a su disposición la infraestructura de sus compañías.

Con el tiempo se hicieron millonarios y fueron bautizados como los "boliburgueses'', magnates favorecidos por la revolución bolivariana.

Fernández ofreció su flota de "gandolas'', camiones de transporte, para la distribución de alimentos y este gesto de solidaridad fue retribuido con creces por el régimen que salió a flote: Industria Venezolana Maizera Proarepa, la empresa matriz de Fernández, fue designada como la principal proveedora de alimentos para los programas alimenticios del gobierno (Mercal y Proal).

Según la firma FTI Consulting, que elaboró una auditoría en el 2008 para mejorar la estropeada imagen de Fernández, los contratos asignados por el gobierno le significaron un crecimiento económico de unos $500 millones.

"Le dieron el impulso determinante en el tema de la distribuición de alimentos'', reconoció Antonio Guerrero, abogado de Fernández en Venezuela.

Ese tratamiento preferencial, explicó Guerrero a El Nuevo Herald, ha sido utilizado por la defensa para justificar su petición de que se le conceda libertad bajo fianza a Fernández por su arraigo en el país.

FTI Consulting atribuye el gran impulso que tomó Fernández a que su competencia, el Grupo Polar, "asumió una actitud desafiante contra el gobierno, negándole las cosechas que estaban destinadas a suplir los programas'' de alimentación.

Chávez vio en Proarepa la solución para mantener el control de la seguridad alimenticia del país sin depender de los Mendoza, dueños de Polar, y Fernández se convirtió en su empresario de mayor confianza.

Un alto ejecutivo de una empresa venezolana, que no quiso ser identificado para evitar represalias del gobierno, comentó a El Nuevo Herald que Fernández era el único empresario a quien Chávez contestaba el teléfono sin antesalas ni filtros.

Pero esta relación, según las denuncias de la oposición antichavista, iba más allá de la empatía de Fernández con el proyecto político de Chávez.

En Venezuela, dirigentes de la oposición aseguran que Adán Chávez, hermano del presidente, se benefició con los contratos de Fernández.

"[Fernández] es un testaferro de Adán Chávez'', denunció el 24 de noviembre ante la Asamblea Nacional de Venezuela el diputado disidente Ismael García, del partido Por la Democracia Social (PODEMOS).

En siete años, Fernández pasó de arrendador de "un gimnasio y el estacionamiento del hotel Caracas Hilton'', a propietario de una flotilla de barcos cargueros y atuneros, y de la mayor hacienda ganadera de los llanos venezolanos, entre otros bienes, agregó García.

Adán ha negado en repetidas oportunidades que tenga una estrecha relación de negocios con Fernández, como se le atribuye.

En su auditoría, FTI Consulting reconoció que se ha dicho que Adán es cosignatario de una cuenta bancaria de Proarepa en el Banco Industrial de Venezuela, pero aseguró que la investigación privada demostró que Adán no tenía firma en la cuenta, no ha ocupado cargo alguno ni posee acciones en la empresa.